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LONDRES.- Este jueves, el Tribunal Superior británico dictaminó que el gobierno de la primera ministra, Theresa May, debe recibir autorización del Parlamento primero, para posteriormente activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio al periodo de dos años de negociaciones para retirarse de la Unión Europea (UE).
Los planes de Theresa May de comenzar el divorcio del bloque antes de marzo de 2017 podrían demorarse.
El Ejecutivo señaló que “está decepcionado” y que apelará la decisión de justicia. “El país votó en favor de abandonar la Unión Europea en un referéndum aprobado por el Parlamento. El gobierno está determinado a respetar el resultado del referéndum. Vamos a apelar”, refirió en un comunicado el portavoz de Downing Street.
En la sentencia histórica, los magistrados concedieron la razón a un grupo de ciudadanos que cuestionaron que el Ejecutivo pueda iniciar el Brexit sin convocar previamente una votación parlamentaria. Los jueces explicaron que, “La Corte no acepta el argumento presentado por el gobierno. La Corte acepta el argumento principal de los demandantes”.
Entre los ciudadanos que iniciaron el proceso en el Tribunal Superior figura la empresaria británica Gina Miller, quien expresó su deseo de acabar con “un entorno legal” en el que el Gobierno “puede pasar por encima del Parlamento”.
David Pannick, abogado de Miller alegó que, “Muchos de los derechos de los que la señora Miller y otras personas disfrutan actualmente (en el Reino Unido) quedarán anulados si se da la notificación” a Bruselas.
Los letrados del Ejecutivo argumentaron durante el juicio, celebrado entre el 13 y el 18 de octubre, que el referéndum del pasado 23 de junio, en el que los británicos apoyaron la salida de la UE por un 51,9 %, daba a la primera ministra legitimidad para ejecutar unilateralmente la voluntad del pueblo.
