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ASUNCIÓN.- Los integrantes de Colorado Añetete están dispuestos a justificar como sea la decisión de su líder, el presidente electo Mario Abdo Benítez, de nombrar a Nicanor Duarte Frutos como director de Yacyretá, y para eso recurrieron a dictámenes que dicen, como siempre, lo que quieren que digan quienes los pagan. Claro que para los profesionales contratados no hay incompatibilidad que afecte al expresidente.
Los abogados Ricardo Preda y Claudio Lovera fueron contratados por el presidente del Senado, Silvio Ovelar, para que analicen la situación generada por el ofrecimiento para Duarte Frutos y señalen si hay algún tipo de impedimento para que el expresidente y senador electo pueda asumir en la hidroeléctrica. Incluso, antes de conocerse el resultado del trabajo contratado, Ovelar ya adelantó que “no hay inconvenientes” para que se concrete el nombramiento.
Un dictamen es parecido a una encuesta electoral, siempre da la razón a quien lo contrata. Y es exactamente eso lo que ocurrió en este caso, en donde los dos abogados coinciden con Ovelar y dicen que no hay incompatibilidad. Para colmo, muestran a Duarte Frutos como si fuera tanto senador vitalicio como electo, ignorando que al vitaliciado renunció ya en el 2008, aunque su nota no fue tratada por el Senado hasta ahora. Sin embargo, el hecho de que hayan prestado acuerdo constitucional para que fuera embajador en Argentina durante el gobierno de Horacio Cartes parece significar una aceptación implícita.
En una entrevista telefónica, Preda dijo que el trabajo no se realizó a pedido del Movimiento Colorado Añetete sino del presidente del Senado y añadió que “tanto el doctor Lovera como yo no formamos parte de ningún movimiento político; nosotros somos profesionales que nos dedicamos a la profesión de abogados”.
Explicó que Nicanor no tiene incompatibilidad para ocupar la Dirección de la EBY puesto que no tomó posesión de su banca en el Senado, por lo tanto no está en el ejercicio de la senaduría.
Lo que se cuestiona a los senadores añetete y al mismo Abdo Benítez es cómo defienden la idea de que el artículo constitucional que habla de la senaduría vitalicia impide que un expresidente sea senador activo, y luego pretenden que ocupe un cargo en la Administración Pública.
