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LA HABANA.- La reforma de la Constitución cubana, que deja atrás el concepto de país “comunista”, acelera el proceso de apertura porque se aumentó la crisis de la economía de la isla.
Lo que Cuba experimentó este fin de semana es la aceleración del movimiento en puntas de pie que en los últimos años vino exhibiendo hacia el pragmatismo. De un modo casi imperceptible, desde que el hermano menor de Fidel Castro, se hizo cargo del timón del país, se puso en marcha una corrección que dejó atrás el igualitarismo a ultranza y la noción del estímulo moral legado desde las épocas del “Che Guevara”.
Ese proceso llevó en 2015 a una purga de notorias figuras del ala conservadora. En julio de ese año, fueron congelados dirigentes emblemáticos como Ricardo Alarcon, expresidente por dos décadas del Parlamento o el ex secretario privado de Fidel, José Miyar Barruecos. Las empresas ineficientes serían cerradas como sucede en la actividad privada y desaparecerían la tarjeta de racionamiento y los comedores populares.
La demora en la realización de esos objetivos es el emergente y los costos de las luchas internas entre aperturistas y conservadores. Si bien no de modo contundente como sucedió en China cuando Deng Xiao Ping derrumbó al maoismo, ganó la primera línea por aquello de que la herejía es una condición de la necesidad. El colapso de Venezuela, el último lazo de contención económica externa que recibía la isla, aceleró la visión pragmática.
La búsqueda de inversiones se convirtió en una cuestión de sobrevivencia. Al fin, la revolución dentro de la revolución dejó en la calle a 500 mil empleados públicos que hoy alimentan esa corriente de actividad privada. Pero los resultados estuvieron bien lejos del ideal y la llegada de Donald Trump bloqueó, además, el proceso de modernización. Por eso ahora se vota esta nueva Constitución que abre más la economía cubana, ignora viejos prejuicios y, pese a que la narrativa oficialista lo niegue, dará paso a un sistema de acumulación diferente.
