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ASUNCIÓN. La Contraloría General de la República confirmó el conflicto de intereses en el que incurrió el senador Luis Pettengill, al ostentar su cargo parlamentario mientras mantenía vínculos con empresas proveedoras del Estado. El ente contralor concluyó que Pettengill violó lo dispuesto en la Ley 7089/23 al favorecer un proyecto que beneficiaba a una firma de la que era presidente y accionista.
El dictamen emitido por el contralor general Camilo Benítez, con fecha del 14 de febrero, fue remitido al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka, informándole sobre los resultados de la revisión realizada por la institución. En el documento se detalla que Pettengill, hasta marzo de 2023, formaba parte de la firma OCHO A S.A., una empresa proveedora del Estado. Sin embargo, en octubre del mismo año, votó a favor de un proyecto de ley que contemplaba recursos para pagar deudas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sabiendo que una de las empresas proveedoras del Estado a las que dicho ministerio debía pagar era precisamente OCHO A S.A., vinculada al senador.
Las publicaciones periodísticas previas habían señalado los vínculos de Pettengill y su familia con empresas y consorcios que tenían contratos millonarios con el Estado, lo que colisionaba con los artículos 196 y 197 de la Constitución Nacional, que establecen incompatibilidades e inhabilidades con su función parlamentaria.
