El parlamento catalán que en principio tenía previsto estudiar el informe del referéndum el próximo lunes.
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La Justicia española suspendió al pleno del Parlamento catalán

La reunión prevista para el próximo lunes, en el que se podría declarar la separación de Cataluña, fue impedida por el Tribunal Constitucional, que consideró que en ella se produciría un quiebre de la Carta Magna, luego de un recurso presentado por legisladores socialistas de la región. El presidente del gobierno español Mariano Rajoy había pedido a su par catalán que “suprima su proyecto”.

MADRID.- El Tribunal Constitucional español suspendió este jueves cautelarmente el pleno del Parlamento regional catalán previsto para el próximo lunes con el argumento de que si declarase la independencia se produciría un quebrantamiento de la Constitución y una “aniquilación” de los derechos de los diputados.

El documento del Tribunal declaró “radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno, cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga” la suspensión del Pleno.

El presidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de comparecer el próximo lunes 9 ante el pleno del Parlamento regional para valorar los resultados y los efectos del referéndum (declarado ilegal por la Justicia) del 1 de octubre, con la declaración de independencia de Cataluña sobre la mesa.

Esta suspensión se produce después de que este alto tribunal haya admitido el recurso presentado por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) ante la convocatoria de dicho pleno. En él, los parlamentarios consideraron que la convocatoria vulnera su derecho “a ejercer los cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, sin perturbaciones ilegítimas”, y advirtieron que convocar el pleno supone “ignorar a sabiendas la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional” sobre la Ley del Referéndum.

Del mismo modo, en el supuesto de una declaración formal de independencia, los socialistas catalanes consideran que se daría una “total y completa aniquilación” de los derechos de los diputados, “por la demolición ilegítima del bloque de constitucionalidad en Cataluña”.

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