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En las elecciones del pasado domingo en El Salvador “la amplia diferencia entre el candidato ganador y sus contrincantes no deja dudas sobre los resultados electorales”, aunque fueron unos comicios marcados por “condiciones inéditas” para el país que incluyeron cierta “inequidad en la contienda”, afirmó la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe preliminar.
“Los comicios se celebraron bajo condiciones inéditas para El Salvador. Una de las razones principales es que esta es la primera elección que se celebra bajo un régimen de excepción desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. La segunda razón es que, por primera vez desde la vigencia de la Constitución Nacional de 1983, un presidente en funciones compite por un segundo mandato presidencial inmediato”, señala el informe de la misión, liderada por la ex vicepresidenta de Panamá Isabel de Saint Malo.
Sobre el estado de excepción, la MOE destaca que la Constitución del país permite la aplicación de estas medidas, que suspende las garantías básicas, por 30 días, prorrogables si los motivos que la generaron se mantienen. Recuerda que ya lleva tantas prórrogas que el régimen de excepción está vigente hace 680 días.
La misión de la OEA destaca que varios actores le “manifestaron su preocupación sobre la repetida prorrogación del régimen de excepción” por entender que “desvirtúa su carácter temporal”.
La MOE también reseña todo el proceso que llevó a que el presidente quedara habilitado para inscribir su candidatura y recuerda cómo fue una Sala de lo Constitucional designada por el gobierno de Bukele luego de destituir en una polémica decisión a los magistrados vigentes.
Ese accionar, recuerda la misión, fue rechazado por la secretaría general de la OEA y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “por considerar que se habían incumplido las normas constitucionales que regulan el procedimiento y los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia”.
La misión de la OEA también cuestionó la modificación del Código Penal por parte del gobierno para agregar como una figura delictiva ligada al fraude electoral, con penas de 10 a 15 años, para “aquellas personas que dificulten la inscripción de candidaturas que cumplan requisitos establecidos en las leyes”. Esa modificación fue interpretada como una presión adicional para el Tribunal Supremo Electoral para que habilitara la inscripción de Bukele.
“La MOE/OEA advierte que esta norma, en lo que se refiere a la inscripción de candidaturas, atenta contra estándares interamericanos y universales sobre la independencia de los órganos judiciales y electorales. De acuerdo con principios reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la judicatura ‘tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley’ y que ‘no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial’”.
“La Misión considera que la situación descrita con anterioridad vulnera el carácter constitucional de autoridad suprema electoral del TSE ya que, lejos de ser la última palabra en materia electoral, está supeditada en sus decisiones electorales básicas, tales como el registro de candidaturas, a la Sala de lo Constitucional y a lo que dispongan normas penales que limitan su libertad para tomar decisiones”, agregó el informe.
La MOE también cuestionó algunas decisiones sobre el financiamiento de la campaña electoral. En El Salvador los partidos políticos suelen financiarse a través del estado mediante un mecanismo conocido como “solicitud de anticipo de deuda”.
Según recabó la misión de la OEA, en estas elecciones el proceso fue muy complejo, más de lo estipulado por la ley.
“La MOE/OEA constató que el conjunto de estos factores creó condiciones de inequidad en la contienda electoral. Asimismo, observó que no existe publicidad sobre el valor del voto y las gestiones que las organizaciones políticas y las autoridades del Estado realizan en las solicitudes de anticipo”, dice el texto del informe de la MOE.
El informe de la MOE liderada por De Saint Malo establece que los resultados preliminares oficiales “muestran una amplia ventaja del candidato presidencial Nayib Bukele frente a sus contrincantes” y que su partido político Nuevas Ideas “obtendría una supermayoría en la Asamblea Legislativa”.
Eso, según la MOE, “brindaría al Presidente de la República posibilidades de mandato que requieren un ejercicio responsable y profundamente democrático”. Para la OEA, “esto será determinante para garantizar el futuro de la democracia en El Salvador”.
El informe recuerda que tanto la Carta Democrática Interamericana como sentencias de la CorteIDH han establecido la necesidad de respetar la separación de poderes.
“La Misión reitera sus hallazgos contenidos en este informe sobre acciones que pudieran haber generado un clima de autocensura para el ejercicio de derechos y libertades en el marco del proceso electoral. No obstante, observó que, en términos generales, los actores políticos y sociales pudieron participar en todas las etapas del proceso electoral. A pesar de ello, sí observó que es necesario trabajar porque las elecciones en El Salvador sean más justas y equitativas”, concluye el informe.
El sistema de transmisión de resultados durante las elecciones en El Salvador falló y eso implicó que la noche de las elecciones la ciudadanía debió informarse por encuestas realizadas a la salida de los centros de votación y por información recogida por los partidos, en vez de por las autoridades electorales.
En ese sentido la OEA advierte sobre debilidades y malas prácticas durante varias etapas del proceso electoral que, a criterio de la MOE, afectaron aspectos claves como la equidad en la contienda, la transparencia de los comicios y la confianza de algunos actores.
“La presentación oportuna y transparente de resultados por parte de la autoridad electoral es una obligación fundamental de las autoridades, ya que estos resultados son los únicos oficiales y vinculantes”, dice la MOE.
La misión detectó deficiencias en áreas como la organización electoral, el voto en el exterior y la tecnología electoral implementada para la transmisión de resultados de las Juntas Receptoras de Votos. En ese sentido señala falencias en el sistema tecnológico implementado por el TSE, lo que derivó en retrasos significativos durante el escrutinio provisional, vacíos prolongados de información oficial y la adopción de medidas extraordinarias no reguladas como la elaboración manual de las actas ante los fallos generalizados del sistema. Infobae
