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El gobierno nacional viene soportando una “lluvia” de denuncias en contra de sus principales miembros en especial de los titulares de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Procuraduría y Petropar. Las quejas apuntan a que colman las instituciones de amigos para llenarse sus bolsillos, de no tener la altura moral para ocupar el cargo y querer volver a entregar a los empresarios el monopolio del combustible.
ASUNCIÓN.- Uno de los principales miembros del gobierno quien se encuentra en el “ojo de la tormenta” es Ramón Retamozo, quien fuera puesto como titular de la ANNP, por el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas. En ese sentido José Martínez, funcionario de la institución remarcó que hasta el momento incorporó a más de 50 funcionarios a la institución, ignorando el concurso de méritos y actitudes, establecido por la Ley de la Función Pública.
Manifestó además que Retamozo y su gente vinieron a la institución directamente para robar, saquear la institución y congraciarse con sus correligionarios. Pero el ser colorado no le faculta a hacer las atrocidades en la institución.
Asimismo mencionó que el titular de Puertos está destinando 15 a 20 personales en las terminales portuarias, donde están saturados de funcionarios. Destacó que además están malversando recurso en Paranagua y mal utilizando un predio de la institución en Villeta, en donde incluso se está manipulando productos de alta peligrosidad (agroquímicos y agrotóxicos).
Por su parte, el procurador general, el abogado Sergio Coscia, fue apoderado del movimiento Colorado Añetete en las últimas elecciones. El letrado fue miembro del estudio jurídico Villamayor y Asociados del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor
Fue abogado de los españoles Guillermo Casado de Amezua Lasso y Álvaro Lasso Génova, representantes de la empresa Proibérica, quienes al igual que el exministro Rafael Filizzola, están acusados de estafa por haber causado un perjuicio de G. 50.000 millones al Estado paraguayo.
La causa fue anulada por la Corte Suprema de Justicia luego de las innumerables chicanas planteadas por la defensa, a favor de los acusados.
Igualmente, a mediados de este año fue beneficiado con el “criterio de oportunidad” en un proceso por el cual se lo acusó por haber usado facturas adulteradas para obtener la devolución de créditos fiscales por unos G. 2.700 millones,
NEGOCIADO EN PETROPAR
El negociado en Petropar para favorecer al entorno presidencial, fue calificado de “es una barbaridad, una afrenta y un insulto a la ciudadanía”, por Antonio Barrios, senador de Honor Colorado. Patricia Samudio, titular de la petrolera, intentó justificar su accionar para la venta de combustibles antes de la suba, pero lo que hizo fue evidenciar que benefició a la compañía Monte Alegre de Conrado Hoeckle, asesor “ad honorem” y amigo del presidente y abandonar a su suerte a los operadores al punto de ponerlos al límite con el objetivo de verse obligados a desprenderse de sus bocas de expendio.
Los informes al que hace referencia el senador Barrios indican que Monte Alegre SA, empresa que pertenece a la familia Hoeckle, recibió el 13 de setiembre 4,5 millones de litros de gasoil Tipo III de la planta de Villa Elisa y una segunda partida de 3 millones de litros, el pasado viernes 28 de setiembre.
En ambos casos a valores anteriores a la suba y perjudicando a los operadores y detrás de ellos a la ciudadanía.
El domingo 30 de setiembre, dos días después del retiro total de los 7,5 millones de combustibles por parte de Monte Alegre SA, Samudio dio a conocer la nueva tarifa y anunció la suba del precio de combustible a partir del pasado lunes 1 de octubre.
SAMUDIO Y MIEMBROS DEL ENTORNO ESTÁN EN LA MIRA
La nueva administración de Petropar, bajo responsabilidad de Patricia Samudio, arribó con el guion bien aprendido y lo puso en marcha de inmediato. Fue ejecutiva de la empresa Puma Energy, es decir proviene del grupo de emblemas privados que se opusieron y atacaron el desarrollo comercial que logró Petropar en los últimos cinco años.
Sus primeras acciones, además de aumentar el precio de los combustibles, desarrolla dos vertientes muy vinculadas ambas, la primera es cerrar negocios favoreciendo al entorno del presidente Mario Abdo Benítez con precios de privilegio de combustibles perjudicando al consumidor y la otra es desviar dinero de las cuentas de Petropar del Banco Nacional de Fomento (BNF) ha entidades financieras privadas, justo en bancos acreedores de la empresa de su esposo José Costa Perdomo.
La primera gestión arrastra en calidad de cómplice Conrado Hoeckle, asesor y amigo de Mario Abdo Benítez. La empresa del asesor, Monte Alegre es también acreedor de Costa Perdomo en la provisión de combustibles.
Como mínimo es abusivo, el accionar de Patricia Samudio, la nueva presidenta de Petróleos Paraguayos S.A. (Petropar). Benefició a la compañía Monte Alegre antes de la suba del precio del combustible, cuyo propietario es Conrado Hoeckle asesor “ad honorem” y amigo del presidente de la República, en tanto abandonaba a su suerte a los operadores de la estatal con el objetivo de obligarlos a desprenderse de sus bocas de expendio, revelan las fundadas investigaciones periodísticas.
Hasta el momento, Samudio no explicó las condiciones que le llevaron a violar la ley del Presupuesto General de la Nación que prohíbe cuentas de empresas del Estado en bancos privados. Los documentos ya publicados prueban que ordenó el retiro de US$ 43 millones del Banco Nacional de Fomento y de esa suma fueron depositados US$ 20 millones a GNB uno de los principales acreedores de la empresa Triqueta SA, de Costa Perdomo.
El resto fueron depositados en cuentas de otros bancos, como Regional e Itapúa, ambos también acreedores.
De entrada apuntó a desarmar el proyecto del gobierno anterior de convertir a Petropar un regulador natural del precio de combustibles ingresando al mercado a competir con emblemas privados.
La petrolera del Estado tenía hace cinco años cuatro estaciones de servicio (operadores), a agosto de 2018 crecido a unas 150 estaciones de servicio, y captando un 15 por ciento del mercado de la venta de combustibles manteniendo siempre un precio más bajo que el sector privado, a fin de favorecer a la economía de los consumidores. Samudio inició fuerte campaña para ahogar a estos operadores y forzar la venta a bajo precio de sus estaciones a los emblemas amigos, aquellos que la llevaron a presidir Petropar.
