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ASUNCIÓN.- Uno de los rasgos característicos del gobierno de Horacio Cartes fue, sin dudas, el desarrollo de obras importantes de infraestructura. Rutas, puentes, viaductos, etc. Y este rasgo sobresalió sobre otros, también importantes, pero que en su momento valoramos muy poco… hasta ahora: Como la transparencia, resumida en aquella famosa frase, “Lo público en público”. Hasta ahora porque en el presente hay una serie de hechos que revelan que lo público está dejando de ser público.
El actual gobierno está haciendo que “lo público, deje de ser público”, como lo era en la administración de Horacio Cartes. El “Gobierno de la Gente” comienza a esconder las informaciones y los procesos que anteriormente eran transparentes como la contratación de funcionarios, que se hacían por concurso ahora se realizan por la vía de la excepción, o sea en forma directa sin ninguna transparencia.
Sin duda esto da lugar al clientelismo político que dejó de ser moda en el país, pero ahora está volviendo con fuerza y es del agrado de los dirigentes políticos quienes pueden meter a sus recomendados sin control y bajo la mesa, sin transparencia.
La ministra de la Secretaría de la Función Pública, Cristina Bogado, reglamentó mediante una resolución el trámite para autorizar la excepción a los concursos públicos de oposición. El reglamento no establece límites para contratar bajo esta modalidad y tampoco mecanismos de control para evitar “vito” con cargos públicos.
El decreto número 1145 de fecha 18 de enero de 2019, firmado por el presidente de la República, reglamenta la ley de presupuesto para este año. En su artículo 170 autoriza la excepción para contratar funcionarios públicos sin concurso público de oposición.
Esta normativa dispone que las máximas autoridades de las instituciones públicas deberán solicitar la contratación sin concurso a la Secretaría de la Función Pública.
Ésta secretaría podrá autorizar la excepción al concurso de méritos para contrataciones hasta un plazo máximo de 6 meses prorrogable hasta por el mismo periodo.
En la resolución 45 de este año, que reglamenta este decreto, la titular de la Función Pública Cristina Bogado, justifica la aplicación de esta excepción con las supuestas “urgencias y prioridades” de recursos humanos en varias instituciones del Estado.
