ADN Digital
Artículos relacionados
ASUNCIÓN. Mario Abdo Benítez tiene el objetivo de nombrar a un fiscal general del Estado a medida ante las innumerables irregularidades que marcan su gestión al frente al gobierno. Busca lograr impunidad para él y sus amigos del poder. Los periodistas del grupo Nación-Media, Jorge Torres y Cinthia Mora mencionaron algunos emblemáticos casos de corrupción de la actual administración del Estado y que podrían quedar en la nada si Marito logra su objetivo con la FGE.
La persona que sea designada como fiscal general del Estado nacerá con las manos atadas, a merced del oficialismo, al ser una directa imposición del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Con esta definición en el Ministerio Público, numerosos casos de corrupción que se cometieron durante los últimos años podrían quedar al oparei.
Fueron varios los actos entreguistas cometidos por el gobierno de Mario Abdo Benítez, siendo el más escandaloso el acuerdo secreto de Itaipú firmado en mayo del 2019, que contemplaba que Paraguay debía comprar más energía segura, a mayor costo, comprometiendo la adquisición de excedentes a menor costo.
Otro acuerdo entreguista fue el de Petropar y la firma Texos Oil, que implicaba el pago de 7 millones de dólares a favor de la empresa argentina. En este caso aparecieron Sergio Coscia, Denis Lichi y Juan Ernesto Villamayor como las figuras detrás del pacto, pero solo el primero fue apartado del cargo.
Durante la pandemia se registraron sonados hechos de corrupción como el de los tapabocas de oro adquiridos por la Dinac; las botellas de agua tónica “anti-COVID” comprados por Petropar durante la gestión de Patricia Samudio; la megaescandalosa compra de Salud de los insumos chinos al clan Ferreira; la fallida compra de las vacunas con el mecanismo Covax; la tardanza en la inmunización de la población que pudo evitar la pérdida de miles de vidas si se hacía a tiempo; el uso de los 1.600 millones de dólares a discreción por el Ejecutivo en el marco del combate a la pandemia, entre otros.
Otros emblemáticos casos de corrupción se dieron en el IPS (con las licitaciones direccionadas, incumplimiento de contratos para la limpieza de sus sedes, la falta de medicamentos y la negligencia médica); en el Indert (con las coimas para regularización de tierras); en el MOPC (con la cuestionada pasarela de ñandutí, las sobrefacturaciones y los contratos de consultores vip en la administración de Arnoldo Wiens).
Ante el récord de envío de cocaína al extranjero durante la actual administración, no pueden dejarse de citar los vínculos narcos del gobierno de Marito con Arnaldo Giuzzio a la cabeza, seguido del actual precandidato presidencial Arnoldo Wiens. A ambos políticos se los ligó con el presunto narco detenido en el Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua y además estuvieron envueltos en una “oscura” reunión con el narcotraficante Ezequiel de Souza.
Otra importante figura del entorno presidencial que habría estado implicada en casos de corrupción es Juan Ernesto Villamayor, con el escándalo internacional de PDVSA por un intento de arreglo de la deuda con Paraguay; el pedido de sus exsecretarios de una coima de 2 millones de dólares para impedir que Darío Messer sea extraditado al Brasil y la cancelación de la visa por orden de Estados Unidos.
Así también, el exministro de Urbanismo Dany Durand evitó la apertura y un manejo transparente del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis) e incluso llegó a instar a escrachar a los diputados que pretendían modificar ese fondo.
Los casos más recientes fueron la rebaja de la tarifa de Itaipú para beneficiar a Brasil y la venta de combustible más barato a los bolivianos, dejando de lado a los ciudadanos paraguayos.
Esta semana saltó otro acuerdo entreguista relacionado al arrendamiento del espectro de Vox-Copaco en favor de una empresa extranjera por valor de 10 millones de dólares durante 20 años. Este acuerdo fue manejado en forma secreta y viola la ley de telecomunicaciones.
No existen las garantías de que estos emblemáticos hechos de corrupción, solo por citar algunos, sean investigados por la Fiscalía en marzo del año que viene cuando entre en funciones la nueva autoridad afín al presidente Mario Abdo Benítez.
*Publicación del diario La Nación/Nación Media.
