Efraín Alegre, presidente del PLRA.
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Los únicos opositores que no se solidarizan con Alegre son los propios liberales, víctimas de su administración

ASUNCIÓN. Como era de esperarse y habida cuenta que hay muy pocos acontecimientos que hagan que sectores de la oposición tengan espacios importantes en la prensa, la prisión preventiva de Efraín Alegre por violar sus medidas sustitutivas convocó la solidaridad de los partidos minoritarios, cuyos representantes compiten entre ellos en cuanto al comunicado más furibundo y la visita más larga al preso en la Agrupación Especializada, procesado por falsificación de facturas durante la campaña del 2018.

Lo que llama la atención a algunos analistas es que tanta solidaridad no parece haber contagiado a los dirigentes liberales, salvo el grupito que aún continúa leal a Alegre, ya que ninguno ha salido a dar su apoyo público; peor aún, algunos, como Blas Llano, Dionisio Amarilla o Fernando Silva Facetti, recordaron todo el mal manejo administrativo del actual presidente del PLRA, que hizo que el partido lleve largo tiempo con las arcas vacías y con serios problemas para enfrentar el desafío electoral de octubre próximo, cuando se realizarán las elecciones municipales.

El mismo abogado de Alegre, Guillermo Duarte Cacavelos, reconoció públicamente que él es su asesor jurídico, pero que cuenta con asesores políticos que le recomendaron rechazar sus medidas alternativas a fin de conseguir la prisión preventiva, porque eso le daría un protagonismo que hace mucho tiempo perdió. Y los comunicados y visitas solidarias de políticos de partidos de la oposición forman parte del show montado, a lo mejor pensando que de esa manera alguna migaja les tocará.

Lo único que importa, según los mismos analistas, es recordar que aquí las cosas están bien claras y nadie violó nada. Alegre está procesado por adulteración de documento público; la jueza Cynthia Lovera le impuso medidas alternativas a la prisión, algo que él mismo dijo que no quería ya que su objetivo era ir a prisión, y lo consiguió 6 meses después al desobedecer abiertamente la disposición judicial, por lo que la magistrada decidió que se lo detuviera, tal como establece el Código Procesal Penal. Cualquier otro análisis es mero oportunismo político.

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