ADN Digital
Artículos relacionados
El presidente venezolano Nicolás Maduro designó como ministro de Relaciones Interiores al mayor general Néstor Reverol, a quien fiscales estadounidenses acusaron de colaborar con narcotraficantes. El alto oficial había ocupado la misma cartera de 2012 a 2013.
CARACAS.- Con esta actitud, el bolivariano eleva aún más la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, al que su gobierno acusa de conspirar en contra del país desde hace años. “Así tengo los cojones de enfrentarlos a ustedes, oligarquía y amos imperiales, en las calles con el pueblo. Para que lo sepan”, arengó al pronunciar el anuncio.
Reverol, quien hasta el mes pasado se desempeñó como comandante de la Guardia Nacional, sucede al mayor general Gustavo González López, dijo el presidente anoche durante su programa de televisión “En Contacto con Maduro”.
Maduro desestimó las acusaciones que realizaron autoridades estadounidenses contra Reverol, quien entre 2007 y 2011 se desempeñó como director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), y afirmó que por la captura de traficantes de droga “le quieren hacer pagar los narcotraficantes que dirigen la política de los Estados Unidos”.
Los fiscales acusaron a Reverol y el ex subdirector de la ONA, Edylberto José Molina, ante un tribunal neoyorquino, de haber recibido pagos entre 2008 y 2010 a cambio de alertar a los traficantes de futuras redadas policiales en busca de droga.
MÁS NOMBRAMIENTOS
El mandatario bolivariano designó al ingeniero Carlos Farías como nuevo ministro de Industria y Comercio en sustitución del empresario Miguel Ángel Pérez Abad, quien asumió ese cargo a inicios de año y desempeñaba también como vicepresidente de Economía.
“Necesitamos expertos en integración económica, gestión económica”, dijo el gobernante al anunciar la designación de Farías. Asimismo, el diputado Ricardo Molina fue nombrado ministro de Obras Públicas y Transporte en reemplazo de Luis Sauce.
La salida de Pérez Abad del gabinete se produce pocos días después que declarara a un portal de noticias que el Ejecutivo estaba evaluando los casos de algunas empresas expropiadas en los últimos años para una posible devolución a sus anteriores dueños, hecho que algunos analistas interpretaron como una clara contradicción con las políticas que defiende Maduro.
