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ASUNCIÓN.- Los técnicos del Ministerio de Hacienda trabajan desde ayer con sus pares de Petropar para medir el impacto real de la deuda de las operadoras de Petropar. El análisis incluye no solo los números de cada una de las 150 compañías, también eventualmente los contratos de cada uno con la petrolera. En apariencias, se está cumpliendo lo que vaticinó Eddie Jara Rojas, expresidente del ente.
El ministro de Hacienda, Benigno López, informó que “las empresas plantearon que Petropar siga cargando con las pérdidas”. El monto total de las deudas que tienen las estaciones de servicio con Petropar es de G. 100.000 millones y según López “si hay incumplimiento de los emblemas, probablemente van a rescindir contratos”.
Patricia Samudio, presidente de la empresa de combustibles del Estado, dijo que “es una bomba de tiempo esta deuda” frase que fue respondida por Eddie Jara Rojas, expresidente de la petrolera, con un contundente “lo que están haciendo es crear el escenario para matar la iniciativa de proyección de Petropar que dio elevado superávit, reducir el valor de las operadoras para venderlas a los empresarios que están cerca del presidente de la República, los que aportaron para su campaña”.
Benigno López dijo al respecto que “es muy preocupante esta situación, en el sentido de que en la teoría es una forma de darle más eficiencia a la petrolera estatal, pero aparentemente lo que pretenden los operadores es que Petropar siga cargando con las pérdidas y ellos con las ganancias”, cuestionó.
En relación a la reacción de los operadores frente al aumento de precios de los combustibles el ministro López apuntó que “ellos no están en condiciones de decir cuál es el precio de la mercadería que van a comprar, esa es una decisión que determina el vendedor, en este caso Petropar”, y añadió en otro momento que “si no están de acuerdo con eso simplemente deben rescindir el contrato”.
Las estaciones de servicio que compran de Petropar se niegan a aumentar el precio estipulado desde el lunes de esta semana y la presidente de Petropar, cree que “podría existir un trasfondo político a raíz de ese tipo de beneficios que recibían los operadores durante la administración pasada”.
