ADN Digital
Artículos relacionados
CIUDAD DEL ESTE. Tras cuatro meses de evadir una audiencia preliminar, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, anunció que este viernes, “a primera hora de la mañana”, presentará la documentación respaldatoria de su gestión ante el Senado. Prieto enfrenta graves acusaciones de corrupción que involucran presuntas irregularidades financieras y administrativas en la Municipalidad e intenta confundir a la ciudadanía, presentándose como perseguido político y con una gestión “transparente” pero no enfrenta a la Justicia.
La Justicia, que busca confirmar la prisión domiciliaria solicitada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, ha sido objeto de diversas maniobras dilatorias por parte del imputado. Mientras tanto, el intendente asegura que la información que entregará al Senado respalda la transparencia de su administración, a pesar de más de 30 denuncias penales en su contra y aproximadamente 18 carpetas listas para nuevas imputaciones por diversos cargos.
Además de las denuncias por irregularidades, la realidad actual en Ciudad del Este muestra un panorama desolador: calles principales que parecen ciudades bombardeadas, tres meses de salarios atrasados a pesar de un préstamo millonario, obras inconclusas, y una planta asfáltica sin insumos. Además, se destaca la falta de claridad sobre cómo la Municipalidad cubrirá cuotas que superan los 1.800 millones de guaraníes, para gastos operativos y préstamos que deben pagarse a partir de enero del 2024.
Prieto, quien también denunció a los fiscales encargados de su caso, busca, a través de esta entrega de documentos al Senado, proyectar una imagen de transparencia en medio de la creciente presión en su contra.
Cabe destacar que el intendente fue imputado en julio pasado por supuesta lesión de confianza en relación con la presunta compra irregular de 25.000 cestas de alimentos durante la pandemia, generando un perjuicio estimado de G. 1.769 millones a la Municipalidad. Sin embargo, el caso se encuentra prácticamente paralizado debido a las tácticas dilatorias de Prieto y la aparente indiferencia del fiscal General del Estado ante la gravedad de los hechos.e
