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Baltazar Garzón, el mítico juez español que se convirtió en un héroe por su lucha en casos que involucraban crímenes contra la humanidad, terrorismo y corrupción política, entre otros, perdió su investidura al ser condenado por haber realizado escuchas sin orden judicial. Aquí pretenden utilizarlas en un juicio y, aunque dicen que no importa cómo se obtuvieron, lo cierto es que cualquiera queda expuesto e indefenso. Lo dijimos antes y lo reiteramos ahora: las investigaciones deben realizarse, pero respetando las normas procesales y el estado de derecho.
ASUNCIÓN.- Cualquiera que tenga una mínima preparación en Derecho sabe que aquí y en todo el mundo, para que una grabación sea válida y pueda ser usada como elemento probatorio en un delito, tiene que haber sido previamente autorizada por un juez competente.
Esta situación es muy similar a la que afectó a Garzón, quien, a principios del siglo XXI, tuvo a su cargo casos importantes y mediáticos, que lo convirtieron casi en un súper héroe, especialmente para los países que habían sufrido dictaduras recientes.
Sin embargo, en el 2010 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España admitió una querella presentada en su contra por el delito de prevaricato, por haber realizado la grabación de conversaciones entre presos, lo que significó la vulnerabilidad de su intimidad, según publican medios internacionales como El País.
En el caso paraguayo, dicen que el modo como se obtuvieron los audios no importa, ni tampoco quién estuvo detrás de los mismos, ni que no hayan sido autorizados por un juez competente, puesto que el bien común está sobre el particular y los involucrados son personajes públicos, que tenían mucho poder antes de que estallara el escándalo.
Nadie en su sano juicio y que pelee por la transparencia puede estar en contra de que se ponga en evidencia toda la corrupción que impera en el Poder Judicial y en sectores políticos y empresariales que se han acostumbrado a utilizar a Astrea en beneficio propio. Pero justamente porque nos interesa que esto vaya hasta las últimas consecuencias es que insistimos en que las cosas deben hacerse bien, de manera correcta y legal. De lo contrario, el resultado podría ser diferente al que se persigue y los posibles delincuentes podrían quedar blanqueados.
Además, ¿quién decidió que esos audios son de interés público? ¿Un juez competente o una persona civil, sin ninguna atribución jurisdiccional, que vio que el escándalo podía redituarle beneficios? Si la última opción es la correcta, nadie estaría a salvo puesto que todos podríamos ser el próximo objetivo de este personaje. Así no vale. Es fundamental que se cumplan todos los requisitos legales para que el caso y la sentencia sean incuestionables e inapelables.
