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Monopolizan registros y escribanos de Alto Paraná no pueden ejercer profesión

CIUDAD DEL ESTE.- La Asociación de Escribanos del Alto Paraná (ADEDAP) pidió que se liberen los registros para los profesionales que no pueden trabajar libremente en la carrera que eligieron a raíz del monopolio que existe en dicho sector.

En la gráfica se puede observar a los escribanos  Iván Nicolás Cibills y Carlos Ortiz Talavera (Parados), Delicia Acosta de Aranda y Concepción Benítez (sentadas).
En la gráfica se puede observar a los escribanos Iván Nicolás Cibills y Carlos Ortiz Talavera (Parados), Delicia Acosta de Aranda y Concepción Benítez (sentadas).

Los escribanos Delicia Acosta de Aranda, presidenta de ADEDAP; Concepción Benítez, Carlos Ortiz Talavera  e Iván Nicolás Cibills (miembros),  manifestaron que hasta ahora, por leyes restrictivas que van contra los principios constitucionales, los escribanos no pueden ejercer sus trabajos. En ese sentido, lamentaron el caso, teniendo en cuenta que la Constitución Nacional debe prevalecer sobre cualquier  ley.

En otro momento, indicaron que los registros son monopolizados por algunos privilegiados, teniendo en cuenta que este año se inscribieron más de 1.500 escribanos, de los cuales solamente 10 accedieron a sus registros. Indicaron que sumas ínfimas de dinero estaría corriendo entre las autoridades a fin de beneficiar a aquellas pocas personas que acceden al título.

Muchos alegan que puede bajar la calidad de profesionales al habilitar a muchos escribanos, no obstante es el mercado laboral el que finalmente decidirá si los profesionales reúnen la capacidad y la idoneidad que requieren en el ámbito, lamentaron los gremialistas.

“La ciudadanía exige más escribanos, teniendo en cuenta que existen cientos de distritos que carecen de un escribano y deben viajar kilómetros para encontrar a uno, lo que implica una erogación monetaria para los ciudadanos, elevando  el costo de cualquier trámite”, puntualizó Acosta, presidenta de la ADEDAP.

La Constitución Nacional promulgada en el año 1992, posterior a la Ley 879/81, hace que esta última sea obsoleta, pues viola los principios del derecho al trabajo, a la libertad del ejercicio profesional y a la igualdad, señalaron los afectados.

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