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El abogado Juan Pablo Morínigo, gerente comercial de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), señaló que los avisos y ejecuciones de cortes del servicio de suministro de agua potable a municipios que se encontraban en mora, arrojaron un balance positivo. En ese sentido, indicó que muchas entidades tomaron conciencia y se acercaron a regularizar sus situaciones. Las instituciones públicas tienen una deuda pendiente de G. 120.000 millones con la aguatera estatal.
ASUNCIÓN.- Morínigo, durante una entrevista en Radio 1.000, citó los casos de los municipios de San Lorenzo e Itá. Aclaró que en el primer caso se abrió una mesa de trabajo debido a que tanto la comuna como la Essap poseen deudas pendientes mutuas. En el caso de Itá, sostuvo que se acordó un plan de pagos con la citada Intendencia e incluso ya se restableció el servicio.
Referente a las negociaciones que tienen con la comuna de San Lorenzo, señaló que la aguatera tiene una deuda por patente comercial y pidieron que hagan algunos ajustes para cuantificar la deuda.
El gerente comercial de la Essap hizo asimismo un reporte sobre la situación de morosidad en general. En ese sentido, mencionó que de los alrededor de 120.000 millones de guaraníes que se debe a la aguatera, de las cuales G. 40.000 millones corresponden a instituciones públicas. “El resto se distribuye entre las categorías que son de uso residencial y no residenciales”, precisó.
Para hacer un balance general podemos concluir que el operativo de corte fue muy positivo en el sentido de que las diversas municipalidades están tomando conciencias y en algunos casos vinieron a regularizar y en otro a plantear una propuesta de pago. Así mismo reconoció que existen algunas excepciones que no están muy bien claras o están analizando la situación para solucionar el inconveniente que están teniendo con la aguatera estatal.
LOS CORTES
Esta primera etapa de cortes de suministros abarcará a los municipios y gobernaciones, y en marzo se iniciará los cortes a las secretarías y ministerios en similar situación de atrasos en los pagos.
Morínigo recordó que en el 2009 se emitió una Ley que extinguió las deudas de las instituciones públicas anteriores a la emisión de la Ley y se acordó que de esa fecha en más las instituciones debían priorizar las deudas con la aguatera y no lo hicieron.
Destacó que en 2013 se creó la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) que es la encargada de controlar y comprometer a que estas instituciones realicen los pagos correspondientes a los servicios de agua, luz y teléfono y que estén al día con sus obligaciones, si bien es cierto que las instituciones en su mayoría se encuentran al día desde el 2013 y si tienen deudas no superan los 3 a 4 meses.
“Lo que nosotros reclamamos es la deuda histórica que comprende desde la emisión de la Ley en el 2009 hasta la creación de la DGEP en el 2013, ya que hay instituciones que no pagaron por los servicios aún con la extinción de sus deudas anteriores al 2009”.
