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ASUNCIÓN. El abogado Carlos Palacios, representante del Grupo Cartes, afirmó que ante la negativa del Ministerio Público de facilitar la copia del informe “confidencial” de Seprelad, están desarrollando defensas en base a las publicaciones falsas que difunden los medios del Grupo Zuccolillo y Vierci, que fueron “beneficiados” con la filtración ilícita. Además, repudió “la manipulación de informaciones manejadas por diversos estamentos del Estado, con fines clarísimo de persecución política”.
“Lo que estamos haciendo en los últimos días es tratar de responder a cada una de las falsas informaciones que se difundieron en estos medios”, manifestó el profesional, en entrevista con Canal GEN-Nación Media.
Desde hace varios días estos medios destinan amplios espacios al informe “confidencial” de Seprelad que vincula al Grupo Cartes con supuestas actividades ilícitas. El documento les fue entregado por asesores del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, una semana antes que Seprelad remitiera a la Fiscalía. A este procedimiento ilegal se suma ahora el hecho de que el Ministerio Público le niega el acceso a dicho informe a la parte afectada.
Palacios explicó que el pedido para acceder al informe fue presentado formalmente a la Fiscalía por parte de la defensa de Horacio Cartes. Detalló que “la respuesta formal que se recibió de parte de los agentes fiscales que intervienen en esta causa es que el Ministerio Público no puede entregar esa copia a la defensa. Invocaron para el efecto las disposiciones de la Ley 1.015, que habla justamente del carácter reservado que tienen los informes de inteligencia preparados por la Seprelad y entregados al Ministerio Público con fines meramente indiciarios”.
“En síntesis, el señor Horacio Cartes no tiene hoy condiciones de saber si todo esto que se publicó a través de los medios de prensa refleja el contenido del documento oficial que fue presentado al Ministerio Público”, resaltó.
SE FILTRÓ ANTES DE LLEGAR A LA FISCALÍA
Destacó que en base a la cronología de los hechos, el informe ya fue filtrado a grupos políticos en una fecha muy anterior a la presentación al Ministerio Público. “Esto es lo que surge del cotejo de los comentarios publicados en redes por ciertos legisladores que ya hablaban del hecho de estar leyendo el informe de la Seprelad mucho tiempo antes de que se presentara en el Ministerio Público”, mencionó.
USAN DATOS OFICIALES
El abogado afirmó que “es muy claro que esta filtración proviene de organismos del Estado, porque la información que fue difundida por los medios revela datos que solamente pudieron haber sido recabados por estos. Los detalles de facturaciones realizadas por la empresa Tabesa, son datos que solamente constan en los registros oficiales que manejan las entidades del Estado”.
Subrayó que “lo censurable es la manipulación de informaciones manejadas por diversos estamentos del Estado con fines clarísimo de persecución política. Se agrava ahora porque la parte afectada no puede tener un acceso formal al contenido del informe oficial remitido por la Seprelad. Entonces estamos saliendo a desarrollar defensas en base a las publicaciones que difunden los medios que fueron ‘beneficiados’ con esa filtración ilícita”.
Advirtió que “a esto hay que sumar el agravante de que esta revelación, esta filtración de información sensible manejada por la unidad de inteligencia financiera pone realmente en riesgo la calificación que el país va a recibir del Gafilat en este proceso de evaluación”.
“Filtraron esta información actuando con absoluto desprecio por los intereses del país, porque la revelación de una información confidencial por parte de la Seprelad, que es la tiene que velar por la seriedad, el profesionalismo y el tratamiento confidencial de esta información, viola uno de los principios dentro de los cuales deben manejarse estas unidades de inteligencia financiera que es la confidencialidad, el secreto en el tratamiento de estas informaciones”, afirmó.
Puntualizó: “Esta revelación tiene ese factor que nos va complicar como país en el proceso de evaluación y ni qué decir de la utilización de informaciones sensibles del Estado con fines de persecución política”.
