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El rechazo judicial de la demanda de la aseguradora italiana Sace quedó firme en segunda instancia, al no haberse apelado. Se trata del caso Gramont y el anuncio fue hecho por el mismo presidente Horacio Cartes, en la víspera, durante un desayuno con periodistas. La compañía italiana exigió, en Tribunales de Estados Unidos, al Estado paraguayo un resarcimiento de US$ 100 millones. El resultado de la primera instancia fue comunicado el pasado 21 de marzo y en principios de esta semana vencía el plazo de la apelación.
ASUNCION. La sentencia de la juez federal Ketanji Brown Jackson, emitida el 21 de marzo del 2017, en Washington DC, quedó firme también en segunda instancia. La contraparte no apeló en el plazo estipulado. El fallo dice: “Por consiguiente, y tal como se establece en la orden que la acompaña, debe ser concedida la petición del Paraguay de desestimar la queja de SACE”.
La causa iniciada por la compañía italiana SACE contra el Estado paraguayo conoció un nuevo traspié; evento que fue oficializado por el presidente Horacio Cartes, durante un desayuno mantenido con periodistas destacados en la actividad presidencial.
“Es un caso ganado por el Paraguay, eso me avisaron ayer”, dijo Cartes a los periodistas. El resultado de la primera instancia también fue comunicado por el jefe de Estado.
No existe confirmación de una posible nueva apelación y aunque queda una tercera instancia se estima que por la actitud de la contraparte es posible que también gane Paraguay en la siguiente instancia.
La defensa legal paraguaya demostró que el uruguayo Gustavo Gramont Berres o Benjamín Levy Avzarradel no tenía representación legal ni inmunidad o autorización oficial para realizar gestiones en nombre del gobierno de nuestro país. El ciudadano charrúa gestionó créditos internacionales sobre documentos falsos que terminaron comprometiendo al Estado paraguayo. El Congreso Nacional jamás aprobó el crédito y acabó siendo invalidado.
La compañía italiana SACE compró los títulos de la deuda que estaba en poder de bancos europeos y posteriormente planteó la demanda ante los tribunales federales de Estados Unidos.
La aseguradora reclama a Paraguay US$ 100 millones bajo la certeza de que Gramont estaba legalmente capacitado a contraer deuda en representación del Paraguay, pero la juez norteamericana entendió que la documentación expuesta por el gobierno paraguayo tienen la validez requerida y que probaba que Gramont ejercía el consulado paraguayo de carácter honorario; que no reviste la suficiente legalidad como para asumir obligaciones como las que firmó. El responsable de esta situación también asumió en un juicio anterior que cobró una coima de unos US$ 4 millones por la gestión.
Como causal adicional, la Procuraduría General de la República acusó que la jurisdicción donde acudió SACE (EE.UU) “no tiene jurisdicción sobre el caso según las leyes estadounidenses debido a que las partes y los hechos no tienen relación alguna con dicho país”.
