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ASUNCIÓN.- Aunque los políticos pretenden justificar la falta de castigo a quienes aceptan el dinero de las mafias en las campañas políticas como que no hay una ley regulatoria adecuada, lo cierto es que son los mismos partidos representados en las cámaras del Congreso los que traban cualquier intento de contar con una Ley de Financiamiento Político que combata a la narcopolítica.
Hace tiempo que algunos sectores sociales y políticos pretenden que se modifique la Ley de Financiamiento Político, especialmente en lo referente a la identificación de los aportantes a las campañas proselitistas, estableciendo penas concretas para los partidos que no presenten una rendición de cuentas clara y adecuada.
Pero una y otra vez el intento se ha tropezado con el muro que ponen todos los partidos políticos representados en el Parlamento, los que no tienen ningún interés en que se mejore la ley puesto que, tal como está, sus campañas proselitistas siguen recibiendo dinero de todo tipo, incluidas las mafias de cualquier calaña, especialmente la del narcotráfico.
No es secreto para nadie que las mafias locales, en el interior del país, han puesto y sacado gobernadores e intendentes municipales, que tuvieron que adecuar sus gobiernos para “pagar” el precio de haber ganado las elecciones. Pero la cosa no termina allí. De a poco, los mafiosos han descubierto las delicias de pertenecer a la Administración Pública y hoy hay serios indicios de que, incluso, han empezado a ocupar bancas en las cámaras del Congreso.
