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NUEVA YORK.- La ONU criticó ayer martes la suspensión masiva de jueces y fiscales dispuesta por el Gobierno turco, tras el intento de golpe de Estado y sostuvo que para proceder a una medida como esta, “cada caso debe ser examinado antes de manera independiente e individual”.
“Una suspensión masiva -como la que ha ocurrido en cuestión de 48 horas, con la remoción de al menos 2.745 jueces y fiscales- no permite una evaluación individual”, declaró una portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Husein.
“La independencia de la judicatura y de cualquier profesional legal es clave para una administración de Justicia, y los jueces deben ser capaces de ejercer sus funciones sin restricciones indebidas, presiones, amenazas o interferencias”, sostuvo Zeid.
El alto comisionado instó igualmente a las autoridades a que no permitan que se violen los derechos humanos “en nombre de la seguridad y en el apuro de castigar a aquellos que se cree que son los responsables (del fallido golpe)”.
Por ello, la ONU también considera alarmante que altos funcionarios del Gobierno hayan empezado a hablar de restablecer la pena de muerte con el aparente objetivo de aplicarla a los participantes en el intento de golpe, lo que Zeid aseguró que sería no solo inaceptable, sino ilegal.
“Turquía abolió la pena de muerte en 2002, pero no ha realizado ninguna ejecución desde hace 32 años, y restablecerla sería una violación a sus obligaciones internacionales”, sostuvo.
