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CARACAS.- La ONU ha dado su voz de alarma tras comprobar cómo el gobierno de Nicolás Maduro, arremete con todos sus superpoderes contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega. El mismo adjetivo, con énfasis, que el organismo internacional emplea para describir “la actual violencia en el país”, que el viernes se cobró la vida de tres jóvenes más, lo que eleva la cifra oficial de muertos hasta 100 en 91 días de protestas.
“Nos preocupa el hecho de que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia parezcan ir encaminadas a retirarle el mandato y las responsabilidades (a la fiscal)”, detalla Rupert Colville, vocero de la ONU para derechos humanos, tras conocer que las cuentas y bienes de Ortega fueron embargados, además de dictaminar su prohibición de salida del país.
“La fiscal general ha dado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentando las muertes durante la ola de manifestaciones, insistiendo en la necesidad de celebrar juicios debidamente y pidiendo la liberación inmediata de las personas detenidas de forma arbitraria”, explicó Colville, a quien se le unió Diego García Sayán, relator especial de la ONU, que instó al TSJ a reconsiderar sus decisiones.
A la voz de Naciones Unidas se unieron las de seis países sudamericanos, cuyos ministerios públicos rechazaron el proceso para destituir a la fiscal y consideraron “imperioso que se respete la autonomía e independencia”. El comunicado está firmado por los colegas de Ortega en Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y la Argentina, que también denunciaron presiones, actos intimidatorios, hostigamiento, persecución y amenazas contra la fiscal y su familia. Ortega también ha solicitado medidas cautelares para sus colaboradores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
