El portavoz de la oposición venezolana, Jesús Torrealba.
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Oposición venezolana exige referendo para iniciar diálogo

La oposición en Venezuela ratificó este sábado que dialogar con el Gobierno sobre la crisis del país pasa por la realización de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro y renovó su llamado a marchar el 1 de setiembre. El Consejo Nacional Electoral volvió a retrasar la solicitud para convocar la segunda etapa del referendo.

CARACAS.- “El diálogo demandado es nacional y para serlo hay que escuchar al pueblo, y el pueblo lo que pide es respeto a la Constitución, vale decir, acatamiento de su decisión de ir a un innegociable referendo revocatorio a celebrarse este año 2016”, señaló un comunicado de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Ningún diálogo es capaz de prosperar sin dos características previas: la igualdad de condiciones entre las partes y la disposición a conversar para buscar soluciones”, agregó el texto, que la MUD dirige a “civiles y militares”.

El 9 de agosto la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que la recolección de cuatro millones de firmas necesarias para convocar un referendo contra Maduro será a fines de octubre, lo que dificulta que sea en 2016 porque aún faltarían el recuento de rúbricas y organización de la consulta.

El documento de la MUD reafirmó el llamado a marchar hacia Caracas el 1 de setiembre para exigir al poder electoral una fecha concreta para recabar las firmas, que corresponden al 20% del padrón electoral.

La coalición pidió a las Fuerzas Armadas respetar el derecho de los venezolanos a “manifestar de forma no violenta, pero con irreverencia y fuerza”.

En otro comunicado, la organización política, que acusa al CNE de servir al gobierno, denunció que el ente comicial ha tenido retraso de 76 días en sus respuestas a las gestiones por el revocatorio, iniciadas en mayo.

La MUD asegura que el viernes se venció “el lapso de 15 días continuos” para aprobar o rechazar la solicitud de recolección de firmas, por lo que el Poder Electoral incurrió en un nuevo retraso del cronograma del referendo que impulsa para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro.

Los adversarios de Maduro aspiran a que el referendo se lleve a cabo antes del 10 de enero de 2017. Si es así y el gobernante pierde, habrá elecciones; pero si se celebra después y el presidente es revocado, será reemplazado por su vicepresidente.

SUPREMO SUSPENDE EFECTOS DE SIETE SESIONES DEL PARLAMENTO

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó suspender cautelarmente los efectos de siete sesiones del Parlamento de mayoría opositora que se realizaron en los meses de abril y mayo pasados en las que se sancionó al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco, entre otras acciones.

“Se SUSPENDEN los efectos de las sesiones celebradas los días 26 y 28 de abril, y 03, 05, 10, 12 y 17 de mayo de 2016, junto a los actos producidos en ellas”, dice el fallo de la Sala Constitucional del TSJ que se dio a conocer este sábado.

Se indica en la decisión del Supremo que los días 26 y 28 de abril la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y su mayoría opositora “aprobó inconstitucionalmente” un voto de censura contra el ministro de Alimentación.

Los demandantes, un grupo de diputados chavistas, solicitaron al TSJ que se declare la nulidad de esas jornadas legislativas “por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos de fijación de las sesiones y cambio de agenda de la Asamblea Nacional”.

Con respecto a las sesiones realizadas en el mes de mayo, los diputados chavistas también pidieron su nulidad porque “persistía la conducta irregular por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y su mayoría relativa”.

Entre esas supuestas irregularidades se señala que las sesiones se convocaron con menos de 48 horas de anticipación y que se cambió el contenido del orden del día sin advertencia previa.

En la decisión de la máxima corte, firmada por la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, se ordena además citar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup; a la fiscal general, Luisa Ortega; al procurador general, Reinaldo Muñoz, y al defensor del pueblo, Tarek William Saab.

 

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