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Para el presidente, artículo constitucional sobre Pérdida de Investidura es opinable

ASUNCIÓN. A punto de vencerse el plazo para que el Ejecutivo siente postura sobre la Ley que reglamenta la Pérdida de Investidura, el presidente Mario Abdo Benítez da a entender que no la vetaría ya que, a su entender, es absurdo destituir a un legislador por mayoría simple cuando que, solo para suspenderle se necesitan dos tercios absolutos de votos.

Aunque su argumento tiene lógica, el problema es que la Constitución Nacional no habla de ninguna mayoría calificada en el artículo 201 que pone como requisito para dejar fuera del Congreso a un senador o diputado que viole el régimen de inhabilidades y que se compruebe fehacientemente que cometió tráfico de influencias, por lo que para realizar el procedimiento solamente se requiere mayoría simple, algo que utilizaron el Senado (6 veces) y Diputados (1 vez).

Además, si esta vez el Ejecutivo no veta la ley demostrará un radical cambio de postura ya que al inicio de su mandato, Abdo Benítez ya vetó una norma similar aunque menos rigurosa, justamente con el argumento de que establecer una mayoría calificada es abiertamente inconstitucional.

“Hoy la interpretación de la ley es que con una mayoría simple se puede votar la pérdida de investidura y para la sanción en cambio se requiere de dos tercios, es decir, para un hecho menor se necesitan más votos que para una sanción más drástica”, dijo Abdo a los periodistas, sin tener en cuenta que no es una ley la que establece esta condición sino la misma Constitución.

La ley sancionada recientemente por el Congreso establece que para expulsar a un legislador se necesita una mayoría absoluta de dos tercios de votos, lo cual, claramente, es inconstitucional, algo que hasta no hace mucho sostenía el Ejecutivo.

Claro que la situación política es diferente en este momento, cuando el fantasma del juicio político al presidente pende como una espada de Damocles de manera muy intensa. Así que la intención del presidente al no vetar la ley sería congraciarse con quienes son los que tienen el poder de juzgarlo y/o destituirlo del cargo.

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