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ASUNCIÓN.- Mientras vemos que en el vecino país exaltos funcionarios del kichnerismo están presos por hechos de corrupción, sentimos la impotencia de tener que aguantar que la principal traba que tenemos los paraguayos para salir del atraso y lograr la vigencia plena del Estado de Derecho es la Justicia, que es ciega, sorda y muda y que permite que tanto políticos como funcionarios y magistrados identificados como corruptos, disfruten de una total impunidad.
Primero fue el exministro de Planificación y diputado Julio De Vido y luego el vicepresidente del gobierno de Cristina Kirchner, Amado Boudou, los que fueron detenidos en Argentina por hechos que los involucra en un sistema de corrupción del gobierno anterior. Estos hechos, aunque parecen lejanos, ocurrieron acá nomás, a la vuelta, en Argentina, un país en donde, a diferencia del nuestro, la Justicia sí funciona y cumple con su cometido.
Aquí la realidad es diferente. Efraín Alegre, Rafael Filizzola, Salyn Buzarquis –por mostrar solo a algunos de los políticos que se muestran como alternativa y como el sumun de la honestidad- son sospechosos de lesión de confianza, uno de los principales delitos que puede cometer un funcionario público. Eso significa que cuando fueron ministros del Ejecutivo se aprovecharon de sus cargos para enriquecerse de manera ilícita. Pero ninguno de los 3 tiene algún tipo de condena porque sus juicios, desde hace años, son postergados con chicanas y con una excesiva complacencia de fiscales y jueces.
Pero no solo están implicados en hechos de corrupción sino también en los hechos del viernes 31 de marzo pasado, cuando unos desadaptados produjeron enfrentamientos con la Policía y la quema del edificio del Congreso. Se tiene identificados a Alegre, Filizzola y Mario Abdo Benítez como quienes llevaron a sus operadores a generar violencia a la plaza, pero, aunque hay varios imputados, la Fiscalía jamás mostró el menor interés por involucrar a estos 3 políticos.
La cosa va más allá y no son solo los políticos deshonestos los que tienen protección de la Justicia. También hay altos funcionarios públicos, fiscales y magistrados que son claramente identificados como corruptos y venales, quienes consiguen como gran castigo perder sus puestos, pero ni siquiera se abre una carpeta fiscal para investigarlos por los delitos de los que se les acusa.
En el Poder Legislativo, hay parlamentarios que fueron identificados por la Secretaría Nacional Antidrogas –con pruebas contundentes- como vinculados con el tráfico de drogas, que no solamente no fueron investigados por el Ministerio Público sino que están inscriptos en listas que les permitirá seguir en las cámaras por otro período más.
Así que mientras continuemos con el mismo sistema de Justicia será muy poco el avance que podamos tener los paraguayos para garantizar la vigencia de las instituciones de la República, y conseguir que los delincuentes paguen el precio que corresponde por sus acciones.
