Cuerpo de abogados que tuvo a su cargo la defensa de los intereses de la República. La responsabilidad ante el Ejecutivo fue del procurador Roberto Moreno.
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“Paraguay solo protegió su derecho y la dignidad”

ASUNCIÓN.- Al no existir la apelación de la aseguradora italiana SACE, automáticamente cae la demanda iniciada por la compañía europea. La jueza federal de Washington del Distrito de Columbia, Ketanji Brown Jackson, hizo lugar a la defensa de Paraguay y emitió una sentencia el 21 de marzo pasado y pasó el derecho a la apelación a la contraparte.

Los abogados que representaron a Paraguay “solo buscaban que se respete la dignidad de un país que jamás reconoció esta deuda y que se haga lugar a los argumentos que demostraron que aquello fue producto de una gran estafa”, dijo Roberto Moreno, procurador general de la República.

El 21 de abril venció el plazo pero SACE no respondió y quedó firme la acción anterior “poniendo fin a una larga historia de injusticias y calumnias contra la República del Paraguay. Quedó así desestimada la demanda ante los estrados de Estados Unidos contra la República del Paraguay”; dijo Moreno.

Moreno le dio aun mayor validez a esta sentencia porque fue dictada en estrados de Estados Unidos “y Paraguay ha ganado definitivamente al tratarse el caso ante una corte imparcial e independiente, y ha sido reivindicada históricamente por la justicia de los Estados Unidos de América, así como lo ha sido hace 140 años cuando el Presidente Rutherford B. Hayes salvó al país del despojo de gran parte del territorio chaqueño, defendido nuestro país por un gran patriota, Benjamín Aceval”, expresó.

ALEGATOS

Los alegatos de la defensa demostraron que “se trató de una estafa, que nunca pudo haber obligado al país; que los bancos suizos jamás pudieron haber considerado como ciertas las supuestas garantías que firmó Gramont en nombre del Estado paraguayo”

El embajador itinerante de Stroessner nunca fue legítimo representante del Gobierno; nunca fue acreditado como embajador en Suiza y las transacciones que realizó fue de exclusivo beneficio suyo y no para el Paraguay.

Estos argumentos convierten a la deuda generada es ilegal y Paraguay ha tenido razón en no reconocerla”.

La justicia federal de los Estados Unidos de América ha afirmado claramente que el Paraguay siempre ha tenido razón en el caso “Gramont Berres” y la jueza Ketanji Brown Jackson obró en consecuencia.

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