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CIUDAD DEL ESTE.- Desde la Asociación de empresarios del Transporte Público de pasajeros de Ciudad del Este (ASETRAPACE), anunciaron que más organizaciones se adherirán esta semana al paro de transportistas.
La medida inició luego de que la empresaria de transporte, Aliso Anisimof realizara una sentata el jueves pasado, a la que se sumaron transportistas de ocho empresas, con lo que sacaron de circulación 160 unidades. Alegan que no levantarán la protesta hasta que firmen un contrato por 8 a 10 años.
Por su parte, desde la comuna esteña emitieron un comunicado en el que anuncian que la huelga es ilegal y que no negociarán con “chantajes e intentos de extorsión” por parte de los transportistas que, según ellos, no se someten al proceso de licitación pues sus unidades no están en condiciones. Alegan que las unidades cuentan con más de 20 años de uso, lo que contradice una ordenanza.
La Municipalidad advirtió que si continúan con el paro, contratarán otras empresas “para no perjudicar a los usuarios”. Esta situación podría darse esta semana.
El presidente de la ASETRAPACE, Nelson Rojas, explicó que son G. 800.000 por día lo que pierden los ómnibus con el cese del servicio. La Asetrapace reconoce que los buses ya son obsoletos, pero se preguntan cómo renovarán las unidades si el municipio no les garantiza un contrato.
Las empresas plegadas a la medida se presentaron al primer llamado para concesión de líneas, pero la Municipalidad declaró desierta la convocatoria, puesto que según manifiestan, los transportistas no presentaron las documentaciones requeridas.
Rojas asegura que la intención de la intendente Sandra Zacarías, es realizar un segundo llamado y que también se declare desierto, y así hasta completar tres llamados.
La idea, según Rojas, es llegar a esta etapa, pues de esa manera las instituciones públicas tienen la posibilidad de hacer contrataciones directas. Según el transportista, el objetivo sería beneficiar a la empresa Alto Paraná, que, asegura el empresario, pertenece a la familia Zacarías, pero utilizarían prestanombres.
La municipalidad insiste en que los transportistas tuvieron 30 años de tiempo para renovar sus unidades y que simplemente no lo hacen. Los transportistas alegan que de esos 30 años, los últimos 15, que está al frente la administración de los Zacarías, siempre la concesión a las empresas fue “de palabra”.
