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ASUNCIÓN. En esta guerra en contra de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, todos parecen tener su motivo particular, de acuerdo a la visión de varios analistas políticos. En el caso de ABC, la intención es la dura y mera venganza, por haber sido allanado el local del diario por violación de la cuarentena sanitaria, exponiendo a sus trabajadores sin respetar las mínimas reglas impuestas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del coronavirus.

Pero parece que es el Partido Democrático Progresista (PDP) de Desirée Masi y Rafael Filizzola el verdadero motivo de toda esta campaña de desprestigio que pretende terminar con un juicio político a Quiñónez. La intención no es otra más que destituirla del cargo y conseguir que uno de los exfiscales que militan en el PDP ocupe el cargo, con el único objetivo de tener una “mano amiga” al frente del Ministerio Público.

Los candidatos del PDP, de acuerdo a nuestras fuentes, son los exfiscales René Fernández (titular de la Secretaría Anticorrupción) y Carlos Arregui (SEPRELAD); ambos son militantes del PDP y ocupan altos cargos en el gobierno, lo que a la vez demuestra la alianza entre el gobierno y el partido de Masi, algo que la senadora siempre se empecina en negar.

ABC y el PDP siempre atacaron a la fiscal general, aún antes de que fuera electa para el cargo. Su principal pecado para ellos era que contaba con el apoyo del entonces presidente Horacio Cartes. Hoy, sus intereses son otros pero la víctima la misma. Y mucho más cuando notan que la Quiñónez sigue apoyada por el movimiento Honor Colorado.

La idea de juicio político en contra de la fiscal general por, presuntamente, haber beneficiado con una cuarentena domiciliaria a Karin Salum no tiene pies ni cabeza, salvo en la mente febricitante de Masi, Filizzola y sus “amigos” de ABC.