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LIMA. Por segunda vez en menos de dos meses, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, comparecerá hoy ante un Congreso que votará si lo destituye por supuesta “incapacidad moral” por un caso de presunta corrupción cuando le quedan ocho meses de mandato.

En una especie de remake de un juicio político del que salió airoso el 18 de setiembre, Vizcarra debe ahora defenderse de las acusaciones de haber supuestamente recibido coimas por contratos de obras públicas mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua, en el 2014.

Esta nueva moción de destitución, que requiere 87 votos de 130 para ser aprobada en el Parlamento, amenaza con “sumir al país en una situación de inestabilidad”, advirtió Vizcarra, quien ha mantenido niveles récords de popularidad en sus dos años y medio de mandato.

Las acusaciones de corrupción no han mellado el apoyo ciudadano a este ingeniero provinciano de 57 años ajeno a la clase política, que carece de partido y bancada legislativa, y quien asumió el poder tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente, en marzo del 2018.

Esta moción fue presentada por el minoritario partido populista Unión por el Perú (UPP) y se basa en declaraciones de dos empresarios que aseguraron a la Fiscalía haber pagado coimas a Vizcarra cuando era gobernador.

Los montos de los supuestos sobornos ascienden a 2,3 millones de soles (unos 623.000 dólares), en un caso investigado por la Fiscalía desde 2018, pero que recién ahora ganó notoriedad.

Vizcarra niega haber recibido esos pagos y atribuye la moción a una maniobra para retrasar las elecciones de abril de 2021, en las que debe ser elegido un nuevo presidente de Perú y renovado totalmente el Congreso unicameral. El mandatario no puede ser candidato, porque la reelección está prohibida.

La Fiscalía había anunciado que abriría un expediente a Vizcarra una vez que culmine su mandato, el 28 de julio de 2021, pues ahora tiene inmunidad, pero sus adversarios en el Congreso no quisieron esperar y pusieron en marcha este nuevo proceso de destitución.

No hay pugnas ideológicas en esta controversia, pues tanto el mandatario como la mayoría parlamentaria son de centroderecha.