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En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que declara emergencia nacional en materia de adicciones, en todo el territorio nacional, con el objetivo de abordar de manera integral el problema durante 3 años.
Los proyectistas son Tito Ibarrola y Carlos Rejala, del Partido Hagamos, quienes proponen como ejes de trabajo la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de todas aquellas personas que se encuentran afectadas por el consumo de las drogas.
Para dicho fin, se instituye como órganos de ejecución al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la Secretaria Nacional Antidrogas, para que elaboren, pongan en vigencia e implementen acciones destinadas a hacer frente a la emergencia en materia de adicciones.
Igualmente se involucran al Ministerio de Justicia, sobre los programas o proyectos existentes de prevención, rehabilitación y reinserción social en las penitenciarías del país; al Ministerio de Educación y Ciencias, sobre programas, proyectos, guías, protocolos, etc., de prevención, ejecutados a nivel nacional en las dependencias educacionales del país.
Por otro lado, también se instruye a todos los organismos y entidades públicas, entes autónomos, autárquicos y a las entidades de la administración pública descentralizada, a colaborar con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la Secretaría Nacional Antidrogas.
Los gobiernos municipales colaborarán, igualmente, con las instituciones responsables, a través de las dependencias creadas dentro del marco de la Ley Nº 6.800/21 “Que crea el Consejo y Secretaria Municipal de Prevención y Tratamiento de Adicciones”.
“La entrada en vigencia de esta herramienta legal es necesaria, considerando el avance incontenible del número de personas que caen en las adicciones, y por sobre todo, los efectos negativos que generan a quienes las consumen”, dice parte de la exposición de motivos.
Agrega que el problema genera diversas consecuencias en el plano personal, familiar, laboral, educativo y social, debido a sus efectos físico-psicológicos, que limitan la creatividad y el pleno desarrollo del potencial humano, además de atentar contra las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales, de nuestro país.
Los proyectistas aseguran que el consumo de drogas sigue representando un problema de salud pública importante en nuestro país, que afecta, especialmente, a los jóvenes.
Consideran, por otro lado, que el abordaje implementado hasta el momento, más bien es punitivo que clínico, lo que se refleja en la falta de respuestas oportunas, considerando que se cuenta solamente con un centro de adicciones para la desintoxicación.
Mencionan, igualmente, como otro punto relevante, el sistema penitenciario superpoblado y colapsado.
“Actualmente hay un déficit de plazas, lo que supone unas condiciones de vida pésimas para los internos. Estas circunstancias son favorables para un ambiente propicio para el desarrollo del tráfico, ajustes de cuentas entre reclusos y el consumo masivo de drogas”, dicen los proyectistas.
