ADN Digital
Artículos relacionados
El presidente de IPS, Benigno López, se refirió a la polémica ley que exige a los empleadores a presentar desde el 1 de junio un certificado médico preadmisional del trabajador, para inscribirlo en el seguro social. Mientras las centrales obreras y los empresarios están en contra y lo califican de inconstitucional, discriminatoria, de “una locura” y hasta vaticinan una rebelión, López afirma que no se pretende negar el acceso a los servicios de salud a los empleados que padezcan alguna enfermedad. Sin embargo, advirtió que denunciarán los “contratos de favor”, que según los cálculos, en los últimos 5 años derogaron 30 millones de dólares.
ASUNCIÓN.- A partir del 1 de junio, cada empleador deberá presentar un certificado médico preadmisional del trabajador de manera a poder inscribirlo en el seguro social del Instituto de Previsión Social (IPS). La junta médica laboral de la institución verificará cada caso para poder determinar si efectivamente se trata o no de un empleado real o es solo una simulación laboral.
Según Benigno López, el estudio facilitará a la previsional advertir los “contratos de favor”. Puso un ejemplo y apuntó que un adulto mayor con cáncer terminal difícilmente pueda ser contratado como guardia de seguridad. Advirtió que el intento de “entrar por la ventana” será denunciado como fraude por la previsional.
Si un trabajador posee un contrato formal de trabajo y real no tendrá ningún inconveniente en el ingreso, por más que esté padeciendo de una enfermedad, aseguró. Según los datos en los últimos cinco años, los contratos de favor se llevaron unos US$ 30 millones.
El presidente del IPS negó que la normativa sea discriminatoria. Señaló que por ley no pueden dejar a nadie sin cobertura médica, pero aclaró que con el nuevo requisito se busca prever los servicios de salud, de acuerdo a las enfermedades que sean reportadas por los nuevos ingresantes.
MILLONARIOS GASTOS ESTÉRILES
Por su parte, Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, explicó que aquellas personas que recurren a medidas judiciales para ser atendidas y recibir insumos en el Instituto de Previsión Social (IPS) sin ser aseguradas representan un gasto enorme para la institución, que ronda alrededor de los 15 millones de dólares al año.
En tal sentido, aseguró que esta decisión se basa en el reglamento administrativo aprobado por el Consejo de Administración del IPS para aceptar a nuevos asegurados mediante un estudio previo.
Halley manifestó que la idea es eliminar los llamados “seguros de favor”, que consisten en la simulación de la relación laboral con una persona al solo efecto de que entre al seguro social para utilizar sus recursos y obtener cobertura médica. Igualmente, señaló que esta problemática viene afectando a la institución desde hace mucho tiempo y que a partir de ahora tratarán de combatir mediante una mayor rigurosidad en los controles de admisión de los asegurados.
ATENTA CONTRA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, AFIRMAN
Julio López, presidente de la Confederación de la clase trabajadora (CCT), dijo que rechazan categóricamente la intención del Instituto de Previsión Social (IPS) de restringir el ingreso de personas con problemas de salud como asegurado de la institución. Asegura que esta medida representa un hecho de discriminación, además atenta contra los derechos constitucionales, teniendo en cuenta que se garantiza el derecho al trabajo y igualdad de oportunidades.
“El argumento expuesto es absolutamente improcedente y falso, no hace falta apelar a una medida que afecte el derecho de los trabajadores, si quieren verificar las irregularidades de las inscripciones de los trabajadores, deben investigar la situación de las empresas y su relación con los obreros”, dijo López.
Indicó además que en hoy se reunirán con sus pares gremialistas de las distintas organización para tomar las medidas correspondiente a esta lamentable medida que quieren poner en práctica los directivos de la previsional.
