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ASUNCIÓN. La jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisario principal María Elena Andrada informó que, a partir del día de mañana, los agentes destacados en la ciudad de San Bernardino, departamento de Cordillera, harán patrulla con cámaras filmadoras corporales a fin de grabar en video a los infractores de las medidas sanitarias anti covid.
“Nos estamos ajustando a los nuevos tiempos. Mañana, a las 08:00 horas, haremos el lanzamiento oficial. No solo se usará en San Bernardino, sino que en todo Cordillera”, señaló Andrada al respecto.
Desde el Ministerio del Interior ya se había informado en la víspera que los negacionistas del Covid-19 que se resisten al uso de tapabocas serían filmados, grabación que será usada como evidencia, y que los municipios jurisdiccionales se encargarán de aplicar la multa a los infractores.
Eso será el último recurso, ya que, primero, los uniformados ofrecerán tapabocas a los infractores y si aun así se resisten al uso de la mascarilla, entonces, harán acta del procedimiento, identificando al infractor y acompañarán la denuncia con la filmación presentándola al municipio respectivo para la aplicación de la multa.
“Para Cordillera estarán destinadas 40 cámaras de seguridad. También estarán llegando a Itapúa. Estas cámaras también serán utilizadas en las barreras de control”, amplió la jefe policial.
Igualmente, en referencia a la resistencia de algunas personas al uso del tapabocas, el director de la III Región Sanitaria – Cordillera, doctor Eduardo Jara, que las ciudades veraniegas de ese departamento registran gran número de contagios por covid.
“Las alarmas se encienden en estos distritos, en primer lugar Piribebuy, San Bernardino y Itacurubí, Valenzuela, Arroyos y Esteros. Vimos un repunte importante en los casos. Eso se ve sostenido desde el mes de diciembre y ahora los primeros días de enero”, advirtió.
El estreno del uso de las cámaras corporales por los policías sería un adelanto de un proyecto de ley que busca implementar el uso de las mismas en funcionarios del Estado en todo tipo de procedimientos. Abarcaría a policías, fiscales e inspectores de Aduanas. Sin embargo, la discusión sigue en el Parlamento.
