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ASUNCIÓN.- Los congresistas de la oposición y de la disidencia colorada, de ambas cámaras, jugaron con los números impresos por el Ministerio de Hacienda construidos durante todo un año de estudios y análisis. El único criterio de los parlamentarios fue electoralista.
La Cámara de Diputados aprobó aumentos salariales que el Poder Ejecutivo se vio obligado a aceptar como una suerte de “mal menor” frente a los incrementos determinados por el Senado.
No obstante, una mayoría coyuntural en Cámara Alta –instancia revisora- ya no analizó los cambios introducidos por Diputados y recurrieron a la sanción ficta para ratificar su propia sanción. Acusaron a Diputados de haber enviado el proyecto incompleto y sin las firmas correspondientes de la mesa directiva.
En ese escenario, los senadores declararon la sanción ficta de la versión de esta instancia legislativa del Presupuesto General de la Nación cuya cifra asciende a G. 73, 5 billones.
El PGN del Senado se ordenan los incrementos salariales tanto para docentes, médicos y personal del Ministerio Público, ANDE y la INC.
Una remitido al Ejecutivo, el presidente Cartes vetó parcialmente en las secciones que afectaban a los incrementos salariales aprobados por el Congreso.
Lea Giménez, ministra de Hacienda, argumentó el veto explicando que “el Congreso Nacional aprobó un presupuesto desfinanciado y con una importante reestructuración del gasto, que no es un tema menor”.
