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El general del Aire Arturo González, quien fuera comandante de la Fuerza Aérea durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, fue detenido esta mañana durante el operativo Dakovo, al parecer involucrado en el tráfico de armas.
Este operativo es la conclusión de más de un año de investigación conjunta entre la Senad, la Fiscalía, la Policía Federal del Brasil y la Seal of the United States Department of Homland Security y tiene como objetivo la desarticulación de un gran esquema de tráfico internacional de armas de procedencia europea al Paraguay y, posteriormente, a las facciones criminales más peligrosas del vecino país.
El general González, sacado de la comandancia en noviembre pasado por el presidente Santiago Peña, fue detenido luego del allanamiento de su domicilio y habría indicios de su vinculación al dueño de la empresa IAS, Diego Dirisio, el aparente líder del esquema junto con su pareja, Julieta Nardi.
En la vivienda del militar se encontró gran cantidad de dinero, según los intervinientes.
Varios militares, algunos de alto rango, forman parte de la lista de personas a detenidas. En Asunción cayeron el ex director del Registro Nacional de Armas de DIMABEL, Coronel Bienvenido Fretes (actualmente en otras funciones en la propia institución), Mercedes Ocampos, Eliane Marengo, Manuel Antonio Gómez, Paulo Fines Ventura, Ricardo Morra y Josefina Cuevas. En Ciudad del Este fueron detenidos Arnaldo Cubas, Ángel Flecha, Aldo Cantero y Julio Cubas.
La investigación, en un periodo de dos años, logró determinar la activa participación de los uniformados en la autorización irregular para la importación de armas, alteraciones documentales para ajustar a la Ley de armas así como autorizaciones para las ventas irregulares a cambio de grandes sumas de dinero por parte de la empresa en cuestión, entre otras maniobras.
Según la investigación, mediante sus conexiones con DIMABEL, la empresa de Dirisio tenía facilidades para importar armas procedentes de Croacia, Eslovenia y República Checa. Las mismas recibían rápidas autorizaciones para la importación y posterior venta.
Seguidamente, los lotes de armamentos eran adquiridos por intermediarios con conexiones directas con facciones criminales en todo el Brasil. Para justificar las supuestas transacciones se simulaban pequeñas ventas de 2 a 3 armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchos de ellos empleadas, jornaleros o estudiantes. En algunos casos éstos recibían pequeñas sumas de dinero por acceder a la maniobra, y en otros eran utilizadas sus identidades sin consentimiento.
Previo al envío al Brasil se procedía al borrado de los números de serie de las armas para evitar el rastreo y trazabilidad. Desde el año 2012, dicha empresa ya importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidos en nuestro país, sin embargo van a parar a los polos de violencia del crimen organizado en Brasil y toda la frontera.
