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ASUNCIÓN. El economista y ex director del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, reflexionó sobre la situación financiera actual y lo que el presidente electo Santiago Peña deberá enfrentar a partir del 15 de agosto. Comentó que la deuda con Salud, IPS y MOPC es de US$ 750 millones. Aunque existe y debe ser honrada, sorprendentemente Hacienda aún no la reconoce, por lo que no está incluida en el déficit fiscal; por lo tanto, él la considera un déficit fiscal mentiroso.
“Entre Salud, IPS y MOPC, la deuda es de 750 millones de dólares. Existe y hay que honrarla, pero, increíblemente Hacienda no la reconoce aun, y por tanto, no está computada dentro del déficit fiscal y yo lo llamo un déficit fiscal mentiroso”, señaló, en una entrevista con el canal GEN-Nación Media.
Añadió que, además del 3,5 % de abril, la deuda pendiente con Salud, IPS, MOPC y algunas otras cuentas adicionales por transporte representarían un 1,5 % adicional, lo que elevaría el déficit al 5 % del PIB, es decir, unos 2.000 millones. Se trata de una cifra enorme que debe ser cubierta de alguna manera y, dado que no hay ingresos tributarios, habrá que incurrir en nuevas deudas. A nadie le gusta endeudarse, pero el daño causado por no cubrir esta deuda existente, aunque no se contabilice, será mucho mayor si no se encuentra una solución integral, excluir.
En cuanto a las consecuencias, dijo que cuando el Estado no paga a los contratistas, estos no pagan a sus proveedores y, por lo tanto, tampoco pagan a los bancos. Esto genera tensión en el sistema financiero y obliga a los bancos a ser más cautelosos al proporcionar créditos, lo cual a su vez afecta el crecimiento económico del país.
Destacó que cuando el crédito se detiene, también se paraliza la economía, lo cual dificulta aún más resolver el problema más importante: el impacto en el bolsillo de la gente. “Cuando se tranca el crédito, se tranca la economía y si eso pasa va a ser difícil darle solución al mayor problema, que es el bolsillo de la gente”, subrayó.
Expresó su preocupación por licitaciones necesarias, como los US$ 67 millones dedicados al lavado y planchado en el IPS, y afirmó que se debe hablar de estos casos cuando se busca suspender los procesos necesarios, pero no detener el funcionamiento del Estado.
