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La nueva estructura presupuestaria construida con un elevado criterio político electoral, aprobada por el Legislativo y aceptada por el Ejecutivo obliga a ahora al Ministerio de Hacienda a racionalizar el gasto, lo que se podría traducir en menos recursos para sectores sociales, porque se deberá cubrir salarios aumentados. Hasta el momento, ningún funcionario de esta secretaría de Estado explica cuál fue el argumento que obligó aceptar un PGN 2019 excedido y que, hasta horas antes, el ministro Benigno López lo cuestionaba y pedía que se rechacen las modificaciones del Senado y se apruebe el de Diputados. Ahora, se les ocurrió encontrar “un camino hacia un gasto público más eficiente”.
ASUNCIÓN.- El Ministerio de Hacienda no disimula que se vio obligado a aceptar un Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019, elaborado sobre una base político-electoral y no sobre criterios de inversión física y social. No obstante, hasta el momento, no explica “por qué antes no, y ahora dice que sí”.
Pasado el debate, y la aprobación de la Ley más importante de la República, tal como salió del Congreso, ahora le toca a Hacienda encontrar el camino para lograr “la racionalidad del gasto, a la maximización de los beneficios sociales y la obtención de logros con mínimo desperdicio de los recursos”, según Óscar Llamosas, viceministro de Administración Financiera.
El funcionario habló de este tema en el Seminario “Camino hacia un gasto público más eficiente”, que se realizó en un hotel céntrico de la Capital.
Asume, el funcionario, que en la administración de los recursos se enfrentan con restricciones que limitan la capacidad y efectividad del gasto público, “lo que repercute en los bienes y servicios que recibe el ciudadano y es ahí donde la calidad del gasto juega un papel fundamental, entendida no solo como uso de los recursos, sino como elemento redistributivo y facilitador de las políticas públicas”, señaló.
Sin embargo, no explicó cómo administrar un presupuesto sobrecargado de salarios, construido sobre bases político electorales, que exigirán recortes a sectores que justamente afectan al ciudadano, sobre todo a los más vulnerables.
El vicepresidente Hugo Velázquez hizo de portavoz del Poder Ejecutivo (y Hacienda), comprometiendo la real capacidad del Estado para cumplir con este PGN. “Hacienda tendrá la capacidad de hacer frente este Presupuesto”, dijo el funcionario, ignorando lo que decía horas antes Benigno López, cuando instaba a que Diputados rechace las modificaciones del Senado.
Ahora, Hacienda recurrirá al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea para elaborar “instrumentos que guiarán metodológicamente para construir programas presupuestarios que den respuestas a las necesidades de la población”.
Intentando descomprimir lo actuado por Hacienda en este proceso de aceptar al final las modificaciones del Senado que inflaron el PGN, dijo Llamosas que “sin dudas una buena estructura presupuestaria no es solo un componente fundamental en la asignación eficiente de los recursos del Estado y una condición vital de la gestión pública moderna, sino que constituye un tema de alta prioridad y relevancia política para nuestro país”.
Expresó que debemos avanzar hacia una nueva gestión pública, una visión para resultados, donde se apunte a lograr un impacto positivo de la intervención del Estado en la vida de cada ciudadano, donde ellos deben ser el centro de las políticas públicas.
