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ASUNCIÓN. Aunque sectores de la oposición consideran un abuso que se pretenda que el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, guarde reclusión domiciliaria ya que no podría cumplir con sus labores en el municipio, el fiscal Silvio Corbeta tiene razones bien contundentes para hacer este planteamiento ante el juzgado.
En el noticiero Info+, por canal GEN – Nación Media, Corbeta explicó que “la solicitud de arresto se realizó ante el temor de que los acusados obstruyan el proceso de investigación. Existen elementos suficientes para imputar a más funcionarios de la municipalidad de Ciudad del Este”.
Por ahora, además de Prieto, otras 10 personas fueron imputadas por presuntas compras irregulares e 15 mil kits de alimentos, que se habrían realizado durante la pandemia y el pedido de prisión domiciliaria es para todos los sospechosos.
“El pedido de arresto fue una decisión tomada en conjunto. Analizamos, principalmente, si existe un peligro de obstrucción a la investigación siendo que todas las documentaciones se hallan a cargo de su administración“, reiteró el fiscal.
Expresó que “los documentos más importantes del caso ya están en poder del Ministerio Público y habían sido incautados por los fiscales de Ciudad del Este cuando inició el proceso contra Prieto. El pedido de arresto incluye ciertas prohibiciones, como comunicarse con otros funcionarios de la municipalidad”.
“No descartamos que hayan más involucrados. Además, hay otras causas que se irán procesando en su momento. Hay 20 denuncias; esta es solo la primera”, concluyó.
