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ASUNCIÓN. El procurador general de la República Marco Aurelio González mencionó que preparan un escrito de acción civil, con el propósito de solicitar la recuperación completa de la finca 916 del Ministerio de Defensa “en el estado anterior antes de su invasión”. Esta medida implica la petición de destrucción de las edificaciones construidas en el terreno de 131 hectáreas, ubicado en la zona conocida como “Jardines de Remansito”.
El procurador entregó al Ministerio Público información sobre los ocupantes que aún no han cedido la titularidad de las propiedades y edificaciones, con el fin de que continúe la investigación penal en curso. “Seguiremos defendiendo lo que es de todos los paraguayos hasta agotar todas las instancias”, dijo González.
El día de hoy el Procurador General de la República llegó al @MinPublicoPy a fin de presentar documentos relevantes para el caso “Jardines de Remansito” finca 916, que pudieran derivar en una investigación de diversos hechos punibles. Seguiremos defendiendo lo que es de todos los… pic.twitter.com/wi2WzHEA18
— PGRParaguay (@PGRParaguay) 31 de octubre de 2023
Ayer, el Ministerio Público realizó un allanamiento en la Municipalidad de Villa Hayes, luego de descubrir que en la institución había adjudicaciones emitidas de las propiedades a favor de los ocupantes. No obstante, estas adjudicaciones carecen de registro de los terrenos y delimitación de la finca.
Desde que la Procuraduría inició acciones judiciales a principios de este mes, seis ocupantes han entregado las llaves de los inmuebles y la titularidad de las propiedades, según informó el procurador. Para aquellos que aún no han cedido la titularidad, se presentará una acción civil exigiendo la restitución de la finca a favor del Ministerio de Defensa.
La finca 916 estaba vinculada a un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso y solicitaba la desafectación del dominio estatal de las 131 hectáreas a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, con la intención de transferirlas a los actuales ocupantes. Sin embargo, esta ley fue finalmente vetada por el Poder Ejecutivo.
La propiedad en la ribera del río Paraguay es de titularidad del Ministerio de Defensa Nacional, y la acción civil presentada por la Procuraduría busca la recuperación total de la propiedad, incluyendo la destrucción de las edificaciones erigidas en el terreno.
