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ASUNCIÓN.- El proyecto de Ley del Ejecutivo, que establece sanciones para funcionarios que realicen vacunaciones irregulares y para ciudadanos que violan las restricciones sanitarias contiene serias fallas que lo vuelven inaplicable en el marco penal, según la diputada por Patria Querida, Rocío Vallejo.
Entre los varios cuestionamientos, la legisladora mencionó que “se quiere dar una facultad a la autoridad administrativa de control, sin establecer la institución, y a la Policía de solicitar orden de allanamiento a cualquier autoridad de la zona designada por la Corte Suprema, para ingresar en algún lugar, sin estar acompañado de un fiscal. El allanamiento es un acto sumamente delicado y me parece muy grave”.
En cuanto a la sanción por las vacunaciones VIP, comentó que “no hay una conducta claramente descrita que responda al principio de legalidad. En la norma dice: el que como funcionario utilizase su cargo o posición. Pero, ¿qué es posición? En derecho penal uno no puede poner nomás una palabra sin explicar el alcance”.
Vallejo añadió que no se puede continuar con la idea de castigar penalmente todo para tapar la ineficiencia del gobierno y manifestó que “esto sucede por falta de control, de trazabilidad y no vamos a solucionar con una norma penal. Estoy casi segura que el 99% va a terminar con una salida procesal porque no podés llevar a juicio oral esto, es un derecho a salud también”.
Finalizó diciendo que “esta propuesta tiene serios problemas, tal vez la intención es buena, no digo que no sea, pero tiene problemas de aplicabilidad y lo penal me parece que es innecesario”.
