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El presidente destituido de Cataluña, Carles Puigdemont, celebró este lunes su salida en libertad condicional en Bélgica, donde se encuentra exiliado, y cargó contra el gobierno de España y sus prácticas “alejadas de la democracia”. Puigdemont, y sus cuatro exconsejeros que permanecen en Bruselas declararán el 17 de noviembre ante un juez belga que deberá decidir sobre su posible traslado a España, informó ayer la Fiscalía Federal.
BRUSELAS.- Puigdemont y cuatro de sus exasesores declararon durante cuatro horas ante la Fiscalía de Bruselas y fueron luego puestos en libertad vigilada, sin fianza, mientras que otros ocho miembros del gobierno independentista que se quedaron en España fueron arrestados.
“En libertad y sin fianza. Nuestro pensamiento es para los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática”, dijo Puigdemont en su cuenta de Twitter tras salir de la Fiscalía.
El presidente depuesto será vigilado por la Justicia belga durante un proceso que podría durar hasta tres meses, durante los cuales se decidirá sobre la orden europea de detención y entrega (euroorden) que pesa sobre Puigdemont y sus colaboradores, buscados por España bajo la acusación de los delitos de rebelión y secesión en el marco del proceso independentista.
Según una fuente judicial belga, la primera audiencia en este proceso tendrá lugar el viernes 17 de noviembre.
La decisión del juez belga “evidencia a nivel internacional que la Justicia española no ofrece garantías”, consideró el abogado de Puigdemont en España, Jaume Alonso-Cuevillas. En Bélgica el expresidente es representado por Paul Bekaert
Por su parte el ministro del Interior de Bélgica, el nacionalista Jan Jambon, criticó el domingo las actuaciones del gobierno español de Mariano Rajoy el presunto doble estándar de la Unión Europea (UE).
“¿Pero que han hecho mal? Sólo ejecutaron el mandato que recibieron de los electores”, indicó Jambon en la televisión flamenca VTM, agregado que sí lo mismo hubiera ocurrido “en Hungría y en Polonia”, la UE habría reaccionado de manera “muy diferente”.
Mientras que el ministro de Exteriores, Didier Reynders, trató de reducir la tensión y pidió “dejar trabajar a la justicia” y dejar de creer “que se podrá influir sobre lo que ocurre en España, que concierne sobre todo a España”.
Luego de que el parlamento catalán declarara la independencia de esta región de España el 27 de octubre y tras un largo proceso, el gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución para anular la decisión, destituir al gobierno catalán y disolver la cámara. Desde entonces el presidente depuesto y cuatro de sus colaboradores se encuentran en Bélgica, mientras otros 14 funcionarios independentistas fueron llamados a declarar en Madrid y ocho resultaron arrestados.
EL EXPRESIDENTE Y LOS FUNCIONARIOS PRESOS PODRÁN SER CANDIDATOS EN LAS ELECCIONES
El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y todos los exconsejeros del anterior gobierno independentista de Cataluña, investigados por la Justicia española, podrán presentarse a las elecciones regionales del 21 de diciembre, aunque algunos de ellos estén en prisión provisional.
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, afirmó este lunes que todos tienen sus derechos políticos “intactos” y, por tanto, pueden concurrir como candidatos.
Únicamente una sentencia judicial, en su caso, los podría inhabilitar, pero “no hay tiempo” hasta el 21 de diciembre para que se dictara una hipotética resolución en ese sentido, explicó Catalá en una conferencia en la ciudad de Bilbao (norte).
El ministro se refirió tanto a Puigdemont y a cuatro de sus exconsejeros, que se encuentran en Bélgica en libertad condicional, como a los ocho políticos en prisión provisional en España, así como a un noveno que salió de la cárcel tras abonar una fianza.
La Audiencia Nacional los investiga a todos por rebelión y otros posibles delitos en relación con el proceso independentista que promovieron en Cataluña.
El ministro también aseguró que, en este momento, el gobierno español “no plantea ni tiene encima de la mesa” la posibilidad de ilegalizar ningún partido con vistas a esas elecciones.
