Los simpatizantes del Ulises Quintana, diputado con permiso y preso en una cárcel militar por estar implicado en el narcotráfico, ayer frente a la sede de la Fiscalía.
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Quintana busca presionar a la Fiscalía con manifestaciones

ASUNCIÓN.- Un grupo de personas llegó ayer desde Ciudad del Este y se manifestó frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, para exigir la libertad del diputado colorado por el movimiento colorado Añetete, Ulises Quintana. El legislador está recluido en la prisión militar de Viñas Cué, por estar involucrado en un presunto caso de narcotráfico.

Los manifestantes aseguran  que el parlamentario, Colorado Añetete altoparanaense no incurrió en los delitos por los cuales fue procesado.

Sin embargo, los datos hablan de que Quintana fue imputado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, exportación e importación de drogas y asociación criminal, además de tráfico de influencias.

Los manifestantes amenazaron con quedarse en el lugar por tiempo indefinido, mientras no se resuelva su exigencia. Algunos, incluso, se encadenaron al vallado que rodea el edificio.

Marcelino Cardozo, una de las personas que está en el sitio, expresó que Quintana fue imputado por ejercer su profesión. Dijo esto teniendo en cuenta la llamada que el diputado colorado hizo a la Comisaría de Nueva Londres para intentar liberar USD 190.000 que fueron retenidos. El monto pertenecía a Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, supuesto líder narco, según es considerado por el Ministerio Público.

En un principio, se lo relacionó con Cabaña, quien también está recluido, porque el legislador estaba manejando una camioneta a nombre del supuesto narcotraficante. Luego se dio a conocer un audio en donde supuestamente se evidenciaba que tanto el parlamentario con permiso como  “Cucho” tenían conexiones.

Por su parte, Quintana recientemente publicó un video donde cuestionaba a la fiscal del caso, Lorena Ledesma, y a la titular del la Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñónez.  En el material sostiene que es víctima de un “terrorismo fiscal judicial”, ya que no existe un argumento fáctico de parte de la Fiscalía para sustentar la imputación, ni la acusación en su contra y que ilegalmente está detenido en la prisión militar de Viñas Cué.

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