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MINGA GUAZÚ. La Contraloría Ciudadana de Minga Guazú solicitó ayer, mediante un amparo judicial, una respuesta concreta por parte del intendente Diego Ríos (Yo Creo) ante lo que consideran una presunta violación de la Ley de Transparencia 5282/14. Esta solicitud surge luego de que el ejecutivo municipal no proporcionara información detallada sobre el uso de fondos públicos, específicamente relacionados con la licitación 430801, que involucra una suma considerable de G. 190 millones en obras públicas.
Los solicitantes exigieron detalles específicos sobre cómo se gastaron estos fondos y en qué obras se invirtieron.
El primer pedido de informe, realizado el 2 de diciembre de 2023, recibió una respuesta escueta por parte del intendente el 18 de ese mes. Sin embargo, una solicitud de reconsideración para obtener información adicional fue ignorada por Ríos, lo que llevó a los miembros de la Contraloría Ciudadana a recurrir a instancias judiciales.
La respuesta inicial del ejecutivo municipal indicaba que los materiales adquiridos a través de la empresa JR se utilizaron en reparaciones menores en varios edificios públicos. Sin embargo, ante la falta de detalles específicos y copias de facturas pagadas a las empresas proveedoras y constructoras, la contraloría ciudadana decidió llevar el asunto ante la justicia.
El malestar en la comunidad de Minga Guazú ha ido en aumento debido a estas acciones, reflejándose en la organización de manifestaciones contra las autoridades locales. Los ciudadanos expresan su preocupación por la aparente falta de transparencia en la gestión de los fondos municipales, y algunos acusan al intendente Ríos de utilizar el dinero del municipio para intereses personales.
La jueza Laura Erundina Olazar dio por iniciado el recurso y notificó del amparo al intendente, a quien otorgó un plazo de tres días para que responda las consultas de los integrantes de la Contraloría Ciudadana.
