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El Gobierno presentará hoy al Parlamento el proyecto que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, fruto de un acuerdo logrado entre centrales sindicales, gremios de empresarios y parte del sector de jubilados.
Sin embargo, no todos los sectores han aceptado este acuerdo, tal como lo manifiesta el presidente de la Asociación de Asegurados del IPS, Eduardo Aguayo, quien asegura que el proyecto se hizo entre 4 paredes y solo algunas organizaciones participaron de las conversaciones.
Tanto Aguayo como la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, hablaron en el programa Así son las cosas, por la 970 AM y canal GEN – Nación Media, y dejaron en evidencia la gran diferencia de posturas que se siguen teniendo en cuanto al proyecto que crea la Superintendencia de Jubilaciones, a pesar de que varios gremios firmaron el acuerdo con el Gobierno.
El presidente de los asegurados aseguró que “esto no siquiera fue discutido en las bases de los sindicatos, por lo que no hay condiciones de que la gente en realidad pueda entender a profundidad cuales son las características del proyecto”.
“Rechazamos este acuerdo y decimos que tiene la misma orientación que el proyecto anterior, que es utilizar los fondos jubilatorios para fines especulativos para poder utilizar como garantía para nuevos préstamos que requiere el Gobierno atendiendo el nivel de endeudamiento público que existe”, aseguró Aguayo.
Afirmó que “el acuerdo es bastante ambiguo, y coloca en términos generales el impulso de una reforma de la seguridad social. Los ejes colocados en el acuerdo no determinan de manera clara cuales sería las modificaciones que tendría el sistema pero establece determinados principios o lineamientos”.
La ministra Recalde, por su parte, defendió el proyecto y afirmó que mantiene la autonomía de las cajas, además de asegurar que todos los sectores interesados tuvieron participación en el acuerdo.
Dijo que se eliminó del proyecto original la dependencia del Banco Central del Paraguay, debido a que fue un punto muy cuestionado. Además, se estableció un Consejo Nacional de Seguridad Social, en donde, la Superintendencia dependerá de representantes de los jubilados, de los trabajadores, de los empleadores (uno cada uno) y tres del Gobierno.
Comentó que “el proyecto mantiene las autonomías de las cajas; no se derogan los artículos de las cajas. Va a tener un periodo de transición entre 24 y 36 meses”.
En cuanto al acuerdo firmado ayer, explicó que se trata de una declaración de principios de valores en donde piden que se respete el modelo actual de reparto solidario, el principio de igualdad, de universalidad y de equilibrio financiero.
