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La Cámara de Diputados se aprobó este miércoles el proyecto de ley que sanciona a las empresas de transporte que incurren en reguladas. El documento pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
Con la ley se pretende cancelar licencias de explotación a empresas de transporte público que regulan sus servicios e incumplan con el itinerario, especialmente en tiempos de pandemia del Covid-19.
Entre las sanciones establecidas está la suspensión del cobro del subsidio del Estado y la prohibición de participar en futuras licitaciones de las empresas por un tiempo de 10 años.
Otro punto que establece la normativa es que buses que no cuenten con elevadores o rampas de acceso para personas con discapacidad, no pueden estar habilitados a percibir subsidio otorgado por el Estado.
Las empresas de transporte no pueden dejar de prestar el servicio “unilateralmente” acordado en concesión y no regularice su servicio en las 24 horas de recibir una intimación de los organismos de control.
