Entrega de 366 mil firmas de ciudadanos que piden la enmienda constitucional. Los oficialistas ahora van por 500 mil.
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Se conseguirán 500 mil firmas para la enmienda

La campaña de recolección de firmas en favor de la enmienda continuará hasta fines de enero, según autoridades de la Junta de Gobierno de la ANR. Aunque está organizada por el oficialismo, esta campaña cuenta con el apoyo de otros sectores como el Frente Guasu y la disidencia liberal. La intención es llegar a las 500 mil firmas, superando ampliamente lo exigido por la Constitución.

ASUNCIÓN.- Aunque la cantidad de firmas presentadas a la Justicia Electoral supera 12 veces el mínimo de 30 mil requeridas por la Constitución, la ANR pretende llegar al medio millón de ciudadanos que den su apoyo a la reelección presidencial vía enmienda constitucional.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral empezará esta semana el chequeo de las 366 mil firmas presentadas el viernes pasado, para confirmar que todos los que apoyan la enmienda figuren en el Registro Cívico Permanente, es decir, que sean electores. En realidad, con que 30 mil de estas personas estén inscriptas ya que cumplirá con la disposición constitucional que establece esa cantidad para que una iniciativa popular tenga que ser tomada en serio por el poder del Estado afectado.

En este caso específico, basta que 30 mil firmantes presentados por la ANR sean electores para que el TSJE deba entregar las planillas al Congreso para que una de las cámaras inicie el tratamiento del proyecto de enmienda constitucional que permita la reelección presidencial.

De todos modos, dirigentes de la Junta de Gobierno dijeron que, como la gente sigue queriendo firmar las planillas, las mismas continuarán circulando en todo el país hasta fin de mes. Si en poco más de una semana se llegó a 366 mil firmas, se piensa que en las 2 semanas que restan para que termine enero se llegará por lo menos al medio millón.

Los oficialistas consideran importante insistir en que apenas el 10% de la cantidad de firmas entregadas fue de funcionarios públicos, lo que echa por tierra la versión de la disidencia de que los trabajadores del Estado fueron presionados para firma las planillas, so pena de recibir penas e, incluso, perder sus trabajos.

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