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ASUNCIÓN. El Senado trata este miércoles el controvertido proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Los opositores a la iniciativa sostienen que el Estado pretende utilizar indebidamente los fondos jubilatorios, mientras que desde el Ejecutivo niegan que esa intención esté prevista en el plan y aseguran que el objetivo principal de la iniciativa es salvaguardar los fondos de los aportantes. Esta mañana, sindicalistas, camioneros, docentes y jubilados realizarán una gran movilización nacional con cierre de rutas, buscando evitar la aprobación de la propuesta.
La sesión parlamentaria se ve marcada por la existencia de dos dictámenes en el Senado: uno para el rechazo y otro para la aprobación con modificaciones. Los legisladores de la oposición expresan su preocupación por la aparente prisa en la aprobación y denuncian la presencia de artículos inconstitucionales en la iniciativa.
En este contexto, Eduardo Aguayo, presidente de la Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), expresó un rotundo rechazo al plan, argumentando que este podría llevar a la utilización indebida de los fondos y, eventualmente, a una privatización del sistema de reparto solidario.
“El proyecto se encamina a la utilización indebida de los fondos previsionales considerando que se hace énfasis en la utilización de los recursos financieros para los negocios especulativos”, sostuvo. Acotó: “De fondo esto va a una privatización, con este proyecto se va a cambiar el sistema del reparto solidario, vamos a una capitalización individual”.
Señaló que “los que nos oponemos a este proyecto no estamos en contra de que exista un mecanismo que ayude a la fiscalización de los fondos; no estamos en contra de la Superintendencia. El problema es que este proyecto no se circunscribe solamente a la supuesta supervisión, si no que se enmarca también en la administración indirecta de la utilización de los fondos”.
LA DEFENSA
Contrarrestando las críticas, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, defendió el proyecto de ley, asegurando que la creación de la Superintendencia fue resultado de un extenso proceso de consulta con diversos sectores. Fernández desmintió las acusaciones de que el proyecto busca la utilización indebida de los fondos previsionales y enfatizó que su objetivo primordial es proteger los fondos de los trabajadores, aprendiendo de las experiencias negativas en la gestión de cajas jubilatorias en el pasado del país.
“Lo que se quiere hacer con este proyecto de ley es proteger esa plata de los trabajadores, de tal manera, no para que el Estado haga lo que quiere, sino a que los directivos de las cajas dejen de hacer lo que quieran cuando se implemente. Para nosotros es fundamental porque me hace recordar a los años 90, con las grandes crisis bancarias, en ese entonces pasó que se liberalizó completamente el funcionamiento de bancos y financieras y terminamos con crisis que costó más del 150 por ciento del PIB”, indicó.
Puntualizó que “el IPS no podrá adquirir bonos del estado porque va a seguir vigente la prohibición que le impide al IPS dar préstamos al estado, a entidades centralizadas y a municipalidades”.
