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En su sesión ordinaria, el Senado aprobó pedidos de informes, dirigidos a varias instituciones como Ingresos Tributarios y ANDE, sobre la cantidad de criptominerías legalmente establecidas en el país, como consecuencia de las varias intervenciones que realiza esta última entidad a empresas ilegales que roban electricidad por millonarios montos.
Además, las respuestas que consigan servirán de base para analizar un proyecto que regula el funcionamiento de las criptominerías y otro que prohíbe su instalación en el país.
El primer informe va dirigido a la ANDE, a la que se le solicita datos sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras.
El segundo, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco.
También a la ANDE se pide un informe sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptominerías. Además, al Instituto de Previsión Social sobre los trabajadores inscriptos por las criptominerías en la seguridad social.
Otra solicitud va dirigida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y acerca del impacto de la actividad criptominería en el ambiente.
Esta serie de pedidos se da en coincidencia con un momento en el que las criptominerías están en la mesa de conversación de varias instancias, pero no precisamente por hechos positivos.
En el caso de la ANDE, está en marcha un operativo de caza de criptominerías clandestinas que son grandes consumidoras de energía, sin pagar un solo guaraní por ella y causando un desequilibrio al sistema eléctrico. Hay 64 denuncias ante el Ministerio Público.
