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El senador Adolfo Ferreiro dijo que hubo una connotación política en la imputación del contralor, José Enrique García, y que existió una “orden de arriba” para hacerlo. Afirmó que el tema apenas está comenzando. Entre tanto, el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, hasta el momento, no dio la cara con relación caso. García fue asesor jurídico de la comuna capitalina y allí cometió el delito de omisión, al no apelar una sentencia contra la administración municipal que beneficiaba a Ivesur. Era un “negocio” de 3,6 millones de dólares.
ASUNCIÓN.- El contralor, Enrique “Chino” García, es de la misma nucleación política que del actual jefe comunal de la capital, Mario Ferreiro, y su hermano el senador, Adolfo. Avanza (ahora Avancemos País). Antes de asumir la titularidad de la Contraloría General de la República, García era el asesor jurídico de la Intendencia de Asunción.
El senador Ferreiro, al ser consultado sobre el tema, aseveró que la decisión de imputar al contralor “vino de arriba”. Al ser preguntado de donde arriba, dijo no saber de “cuál de los arribas”. Agregó: “Los fiscales están propensos a actuar por las órdenes que vienen de arriba”
El legislador tratando de restar importancia a la imputación, significó que el Ministerio Público está muy desacreditado. Indicó que espera que se respete las normas jurídicas. “La imputación claramente se hizo en un contexto político y de un Ministerio Público muy desacreditado”, precisó.
Hay que recordar que en los audios filtrados de la JEM, aparece el senador Ferreiro hablando sobre el caso de García con el exsecretario del mencionado organismo, Raúl Fernández Lippman. El legislador se mostró muy interesado con relación a la situación de unos de los principales exponente de su partido.
En el caso donde García comete una llamativa negligencia es un “negocio” de 3,6 millones de dólares que debe salir de las arcas de la comuna de Asunción, de acuerdo a los antecedentes del caso.
El pasado viernes, en horas de la noche, en el Ministerio Público se informó que José Enrique García, exdirector de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción y actual contralor, fue imputado por la producción de documentos no auténticos.
La imputación lo hizo el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Leornardi Guerrero. Además del contralor, también fueron imputados dos funcionarios del municipio: Rodolfo Duarte, auxiliar de Asesoría, y Julio González, jefe de archivo de la Dirección. Todos ellos se exponen a una pena privativa de libertad de hasta 5 años.
La empresa Ivesur había demandado a la Municipalidad de Asunción, exigiéndole la suma de US$ 18 millones por incumplimiento del contrato. Luego de una serie de disputas jurídicas, el pleito se definió en un tribunal arbitral que finalmente emitió un laudo que condena a la Comuna al pago de US$ 3,6 millones más intereses para los abogados de la firma privada.
La Municipalidad debía apelar ese fallo pero, según la Mesa de Entrada del Tribunal de Apelación, el escrito no se presentó, lo cual deja a entrever que hubo un contubernio entre el anterior director de Asesoría Jurídica y actual contralor, José Enrique García, y los abogados demandantes.
Por su parte, la Municipalidad se había ratificado en que sí se presentó el escrito y es ese el motivo de la investigación que determinará si hubo negligencia en el pleito.
