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Quedó en manos de un Tribunal de Apelaciones decidir quién será el juez de la causa que involucra al ministro de la Corte, Sindulfo Blanco, en un delito por prevaricato. La elección está entre Gustavo Amarilla y Hugo Sosa Pasmor. Pero no hay plazos para que den a conocer su decisión, por lo que el proceso puede dilatarse durante mucho tiempo.
ASUNCIÓN.- Amarilla fue el juez original de la causa, pero se inhibió alegando que había sido el magistrado en el caso que motivó la denuncia contra Blanco por prevaricato, por lo que tenía causales suficientes para alejarse. Así que la carpeta llegó a manos de Hugo Sosa Pasmor, quien se tomó su tiempo para analizarla y ayer decidió impugnar la inhibición de Amarilla por considerar que no existen motivos que pudieran afectar la labor jurisdiccional.
Así que el tema ahora es responsabilidad de un tribunal de Apelaciones, que es el que decidirá cuál de los dos jueces se hará cargo de la causa. El problema es que no hay plazos perentorios para que este tribunal haga conocer su decisión, así que el tema puede postergarse largamente sin que nadie tenga mecanismos adecuados para presionar a sus miembros.
Hace más de una semana que la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía imputó al ministro, en un hecho inédito puesto que es la primera vez que un miembro activo de la Corte Suprema de Justicia es investigado e imputado por funcionarios que dependen de él.
Desde el principio advertimos del riesgo que se inicie una cadena de inhibiciones de los jueces, porque ellos también dependen de Blanco y su proceso es una “pelota tata” de la que nadie querría hacerse cargo. Y es exactamente esto lo que está ocurriendo.
No podemos olvidar que Blanco integra la Sala Penal de la Corte y es el superior de los jueces y camaristas penales, quienes tendrán mucha dificultad a la hora de tener que procesar e, incluso, condenar al jefe. No sería extraño que el Tribunal de Apelaciones decida que se haga cargo del proceso el juez que más complaciente se pudiera mostrar con el imputado.
Hace unos días, la Asociación de Magistrados Judiciales intentó abroquelarse en torno a Blanco, pero la presión de los medios de comunicación y la ciudadanía hizo que sus miembros revieran su decisión y marcaran distancia con el imputado.
