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ASUNCIÓN. La sindicalista del Poder Judicial y actual precandidata a la senaduría por el movimiento oficialista Fuerza Republicana, Porfiria Ocholasky, sigue campante a pesar de que un sumario administrativo, cuyo resultado salió en enero del 2021, confirmó que utilizaba una oficina del Palacio de Justicia para hacer fotocopias y cobrar por ellas. Asimismo, usaba como secretaria privada a una funcionaria contratada y pagada por la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia de irregularidades fue radicada en el 2019 por el Colegio de Abogados del Paraguay, según revela el gremio a través de su cuenta de Twitter. Ocholasky cobraba sin facturas por fotocopias en el Poder Judicial. El juez instructor del sumario, Abg. Rodolfo Heyn, había determinado que la sindicalista explotaba la fotocopiadora y utilizaba como secretaria privada en el local a la funcionaria contratada Liz Araujo Cardozo.
Heyn recomendó la suspensión por un mes de la gremialista y actual precandidata oficialista, además de la remisión de los antecedentes al Ministerio Público por la sospecha de “cobro indebido”. Pese al tiempo transcurrido, no se tomó ninguna medida.
“Porfiria Ocholasky, no sólo por el negocio indebido de fotocopias, fue también denunciada por huelgas judiciales declaradas ilegales y por las abiertas actividades políticas pese a la prohibición legal. La CSJ mantiene pendiente de resolución estos sumarios”, denunció el Colegio de Abogados del Paraguay.
Porfiria Ocholasky, no sólo por el negocio indebido de fotocopias, fue también denunciada por huelgas judiciales declaradas ilegales y por las abiertas actividades políticas pese a la prohibición legal. La CSJ del @PoderJudicialPY mantiene pendiente de resolución estos sumarios
— Colegio de Abogados del Paraguay (@CAP_py) 16 de noviembre de 2022
Indica además que “los sumarios pasaron por las presidencias de los ministros Alberto Martínez Simón, César Diesel y el actual presidente Antonio Fretes, todos miembros de los Consejos de Superintendencia”.
Según la publicación del portal “El Observador”, a Ocholasky se le atribuyó: a) incurrir en negligencia, atendiendo que no puso a conocimiento del Superintendente General del comisionamiento de Liz para cumplir funciones en la Oficina Disciplinaria; b) tener bajo su exclusivo cargo a la funcionaria contratada, quien fue comisionada por el Consejo de Superintendencia a cumplir funciones en la Oficina de Notificaciones. Sin embargo, sin autorización de la titular de la oficina dispuso que la funcionaria realice trabajos en el Quinto Piso, en una oficina que no pertenece a la Superintendencia.
