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ASUNCIÓN.- Uno de los argumentos que utilizan los empresarios para oponerse al proyecto de nueva política salarial propuesta por el Ejecutivo es que generara un espiral inflacionario de consecuencias peligrosas. Los sindicalistas, por su parte, rechazan esta posibilidad y dicen que la mejor prueba es que luego de más de 2 años del último aumento, la inflación apenas alcanzó el 7,5%.
Hace más de un mes se realizó una audiencia pública en la Cámara de Senadores, a fin de que los sectores involucrados analicen el proyecto de nueva política salarial remitido por el Ejecutivo y contra el que se resiste un sector empresarial que se ha negado sistemáticamente a que se aumente el salario mínimo y mucho más a que ese aumento sea automático y anual.
Después de estas semanas transcurridas, las posturas no han cambiado y lo único que se ha podido notar es que hay una mayoría en el Senado, conformada por disidentes y liberales, que quieren postergar el tratamiento del tema en busca de algún beneficio para esos empresarios.
Bernardo Rojas, de la CUT A, defendió el proyecto y dijo que de ninguna manera produciría una espiral inflacionaria, agregando que no es cierto que “un incremento del salario presiona sobre los precios y acaba perjudicando a trabajadores que no llegan a percibir el mínimo. Si eso fuera cierto, los efectos deberían reflejarse en las estadísticas de inflación que publica mensualmente el BCP y eso no ocurrió desde el último reajuste que fue en marzo del 2014”.
El proyecto de Ley presentado en el Senado es el resultado de un trabajo entre las partes involucradas, tanto empresarios como trabajadores, y dispone que, en lugar de esperar, como hasta ahora, que la inflación alcance el 10% para aumentar el salario mínimo, este se dé de manera automática anualmente, en el mes de junio, de acuerdo al porcentaje en que ha aumentado el índice de precios del consumidor. Esto significa que si en un año, se ha producido una inflación del 3%, este será el porcentaje en el que se aumentará el salario.
